Revolución Ciudadana II
El gobierno Ecuatoriano pretende controlar la sociedad y sus organizaciones a través del proceso de "Descorporativización del Estado", a razón de que las corporaciones como entes intermediarias entre la Sociedad Civil y el Estado buscan incidir en las decisiones de carácter público. La pretendida regularización de las organizaciones representa una amenaza de extinción a aquellas asociaciones tradicionales que legitiman el status quo y la oposición.
Un claro ejemplo de ello lo acaba de dar el gobierno tras la liquidación de la fundación Pachamana, aludiendo a la injerencia de esta en asuntos públicos y decisiones políticas; intentando boicotear -en combinación con los Yasunidos- el inicio de la XI Ronda Petrolera, además se suma el conato de agravio a los participantes del encuentro; Juan Pablo Lira embajador de Chile y Andrei Nikonkov representante de la empresa Bielorusnet. El ejecutivo tomó como argumento estas razones para la clausura de la entidad, aludiendo a la alteración de los fines por la que fue creada.
El derecho que el gobierno se atribuye a desmotar organizaciones que participen en decisiones de carácter políticas e incidan en la desestabilización del Estado, se expresa en el DECRETO 16 que es el "Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas". Legitimar el Estado mediante el control efectivo de las organizaciones existentes, la identificación e individualización de actores asociados, menciona la investigadora Catetin Conahan, como los objetivos del gobierno. En este sentido, se esbozan a continuación algunos de los requisitos exigidos en esta medida:
Copia de acuerdo de creaciónRUT actualizado (registro único tributario) Estatutos legalmente inscritos en el ministerioInformación precisa del patrimonioLista de directiva y socios con numero de cedulaDatos de cada proyecto: costos, plazos, fechas, ejecución y beneficiarios.
Cada vez más el gobierno busca controlar la sociedad y sus organizaciones, ante lo cual Catherin Conahan, propone la hipótesis de la creación de una posible zona de ilegalidad permanente, en la que estarán arrojadas aquellas organizaciones que no cumplan con los requerimientos o no puedan responder a los plazos establecidos, entre tanto, se puede sumar a ello, posibles atrasos en el sistema y por ende en su funcionamiento. Para la investigadora Ecuador es todo un laboratorio de transformaciones normativas y de nuevas relaciones Socio-Estatales.
