Revolución Ciudadana
En la última década el Estado ecuatoriano asiste aun interesante proceso de transformación, con un régimen político orientado a buscar la modernización, institucionalización y la apertura a la economía internacional. Para lograr estos objetivos el Gobierno de Rafal Correa ha desplegado un conjunto de estrategias y políticas para acelerar y hacer visible el desarrollo urbano de las ciudades más importantes de Ecuador.
Dicho proceso se ha hecho visible con la presencia de obras públicas: "carreteras, electrificación, comunicaciones, alcantarillado, riego, crecimiento de las obras públicas y privadas que legislativamente se han regulado y ejecutado por una "avalancha de leyes" que dieron viabilidad y legitimidad a estos procesos, posicionándolos como los hechos más tangibles del gobierno de Rafael Correa.
Sin embargo para muchos académicos es claro que el régimen no es armónico en su composición ni en las formas en como ejecuta la política, razón por la cual Catherin Conahan profesora de la maestría de Ciencias Políticas, se ha enfocado en investigar a profundidad las características del régimen político ecuatoriano.
El análisis que la investigadora realiza parte de tener en cuenta que "Desde el 2006 el presidente Rafael Correa construyo una poderosa presidencia marcada por la recurrente invocación del presidente a la opinión pública y las elecciones especiales que dieron legitimidad al Congreso" y desde allí se cuestiona sobre:¿Qué tipo de Estado está en este momento político del Ecuador? Y ¿Cómo se están reestructurando las relaciones entre Estado y Sociedad?
Para aproximarse a estos cuestionamientos Conahan hace énfasis en que la presencia de lo normativo cumple un importante papel, porque es la herramienta que contribuye a consolidar el régimen político. Dicha intervención de lo normativo lo denomina "La avalancha de leyes" que se caracteriza por ser una amplia transformación de la normativa del Estado que inicio con la aprobación de un nuevo marco jurídico Constitucional, acompañado de un conjunto de leyes Orgánicas que fijó como objetivo la construcción de una sociedad democrática.
Este conjunto de leyes que habilitó la nueva Constitución son leyes que ya fueron aprobadas o que están en la discusión pública: el proyecto de ley de agua, la ley de minería, la ley de soberanía alimentaria, el proyecto de ley de educación acompañada del proyecto de ley de educación superior, los proyectos de leyes de participación ciudadana, la ley de comunicación, la ley orgánica a la salud, a los hidrocarburos y la ley de cine... entre otras.
Pero desde mediado de este año la política del gobierno de Rafael Correa da un giro, centrando adicionalmente su atención a la regulación y la legalización de los procesos organizativos a través del reciente "Decreto 16" que se publicó el 4 de junio de 2013.
Esta normativa establece: "que las asociaciones y organizaciones civiles estarán registradas, acreditadas y controladas por el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales que será controlado a su vez por la Secretaría Nacional de Gestión Política. Esta entidad junto al Registro Único de Organizaciones Sociales serán las encargadas de emitir la certificación de existencia de las asociaciones civiles".
Proceso que desde el análisis de la profesora Catherin Conahan viene generado un conjunto de inconvenientes y desigualdades que coartan la libre asociación y favorecen solo a ciertos sectores sociales que tienen las condiciones para ajustarse a dicha normatividad.
