Trata de Personas

Hoy en Estéreo-tipas, Argentina Santacruz, Coordinadora del Programa contra la Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Gentiana Susaj, Directora de Fundación Esperanza-Ecuador, estuvieron analizando la problemática de la trata de Personas en la Región Andina, con mayor énfasis en el Ecuador.

Ambas expertas en el tema indicaron que la trata de personas es una violación a los derechos humanos, pues es la compra, venta y uso de personas independientemente de su lugar de origen, edad, género y condición socioeconómica. Es decir, es la explotación de seres humanos para distintos fines: sexuales, laborales, mendicidad, tráfico de órganos, entre otros. Las invitadas expresaron que aunque no existe un perfil particular de las personas que han tenido que afrontar este delito, las mujeres y niñas son las principales víctimas, sobre todo, de la trata ligada a la explotación sexual. Lo que no significa que hombres y personas de diversidades sexogenéricas estén exentos de esta problemática que atenta contra la dignidad humana. En la realidad ecuatoriana se analizó el caso de los cantones de Colta y Guamote, ubicados en la provincia de Chimborazo, donde una de las formas de trata de esta zona es la explotación laboral infantil. Varios niños y niñas de estos cantones son trasladados a Venezuela y Colombia y obligados a trabajar largas jornadas en la industria textil, sin ningún tipo de retribución económica. En muchas ocasiones son las figuras del “padrinazgo” y “comadrazgo” las que permiten naturalizar este tipo de explotación infantil. También se hizo referencia a la realidad de la trata de personas en la Región Andina, donde no existe una política conjunta de los países para enfrentar este delio. Existen dos procesos en marcha que es la aprobación del Protocolo Andino de Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas y el proyecto del Estatuto Migratorio Andino (proceso iniciado en agosto del 2013 por las cancillerías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Estas medidas aunque no solucionan la problemática, son garantías que permitirán defender los derechos humanos en la región.