Lucio L. Gonzales Sánchez[1]

El 4 de mayo de 2026, luego de 27 días de caminata desde la localidad amazónica de Porvenir, los pueblos indígenas de tierras bajas ingresaron al centro político de Bolivia: la ciudad de La Paz. Su objetivo era claro: exigir la abrogación de la Ley 1720, aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de marzo, que modificaba el régimen de la pequeña propiedad agraria y abría la posibilidad de convertirla en mediana propiedad para acceder a créditos productivos.

Aunque presentada como una medida de incentivo económico, la norma generó preocupación entre organizaciones indígenas y campesinas porque podía facilitar la concentración de la tierra, incrementar la presión sobre los territorios indígenas y estimular un modelo de expansión agroindustrial asociado a mayores procesos de deforestación. La defensa de la pequeña propiedad trascendía la dimensión jurídica, implicaba proteger formas comunitarias de organización, medios de subsistencia y derechos colectivos sobre el territorio que son fundamentales para un país que tiene casi el 40% de su población autoidentificada como indígena, según el último censo de población del año 2024.

Desde la teoría de la resistencia civil el desenlace de esta campaña, que inició con la aprobación de la Ley 1720, puede comprenderse a partir de dos dimensiones interrelacionadas: la primera vinculada a las características del propio movimiento de resistencia que se relacionan con factores como la historicidad del movimiento, la capacidad de ampliar el número de participantes, como la cohesión del movimiento de resistencia civil; y la segunda dimensión, vinculada a las decisiones estratégicas adoptadas durante la campaña.

El primer factor fue el capital social acumulado durante décadas. La marcha de 2026 no surgió de manera espontánea, sino que se apoyó en una trayectoria histórica de defensa de los territorios de tierras bajas. Este ciclo de movilizaciones se inició con la primera marcha indígena de 1990 y fue fortalecida por experiencias posteriores, como las movilizaciones en defensa del TIPNIS en la octava y novena marcha. Esta trayectoria y memoria colectiva proporcionó redes organizativas, liderazgo, confianza interna y capacidad de coordinación, elementos que la literatura identifica como recursos fundamentales para sostener campañas de resistencia civil prolongadas.

Un segundo factor fue la capacidad de ampliar progresivamente la participación social. La marcha constituyó una táctica de resistencia civil particularmente eficaz porque permitió incorporar a nuevos actores a medida que avanzaba hacia la sede de gobierno. Cuando los movilizados alcanzaron Caranavi, a unos 150 kilómetros de La Paz, ya habían sumado apoyo de diferentes sectores como sectores campesinos de San Ignacio de Moxos, la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y organizaciones sociales de Caranavi. Las imágenes de los marchistas atravesando la cordillera, enfrentando bajas temperaturas, problemas respiratorios y agotamiento físico, fortalecieron la legitimidad pública de sus demandas y generaron empatía en amplios sectores de la población. Esa legitimidad facilitó un proceso de expansión de alianzas. Entre el 6 y el 10 de mayo, la movilización dejó de ser una protesta exclusivamente indígena para transformarse en una lucha multisectorial. La Central Obrera Boliviana, Federaciones de Maestros Urbanos y Rurales, organizaciones campesinas del occidente y diversos colectivos ciudadanos expresaron públicamente su respaldo a las demandas de abrogación de la ley 1720. En términos de resistencia civil, la campaña logró ampliar su base de apoyo y modificar la correlación de fuerzas entre los sectores agraviados y el Gobierno a favor de los primeros, incrementando los costos políticos de mantener la ley.

Las decisiones estratégicas también resultaron determinantes. La marcha fue complementada con vigilias permanentes frente a la Vicepresidencia y otras acciones públicas en La Paz, trasladando el conflicto al espacio donde se concentraban las decisiones políticas. Estas tácticas permitieron compensar la limitada representación institucional que tenían los sectores movilizados dentro de la Asamblea Legislativa y mantener una presión constante sobre las autoridades.

Otro factor decisivo fue la cohesión del movimiento de resistencia civil. Durante el conflicto hubo esfuerzos orientados a deslegitimar y fragmentar el movimiento. Diversos senadores cuestionaron públicamente la marcha indígena, acusando a sus integrantes de buscar únicamente ampliar sus propiedades, de ser traficantes de tierras, de desconocer las razones de su propia protesta, de mantener vínculos con el narcotráfico, ser avasalladores de tierras e incluso de ser «masistas», una etiqueta utilizada en el contexto político boliviano para asociarlos con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó el país durante más de dieciocho años. Desde la perspectiva de la resistencia civil, este tipo de narrativas busca erosionar la legitimidad del movimiento, disminuir el respaldo ciudadano y provocar divisiones internas. Sin embargo, la estructura organizativa del movimiento con capacidades de coordinación interna e interrelación con otros sectores de la sociedad, logró mantener su cohesión, desconoció las negociaciones paralelas impulsadas por el Gobierno para dividir al movimiento y sostuvo una disciplina noviolenta además de desarrollar una estrategia comunicacional sólida para hacer frente a las campañas de estigmatización. Esta capacidad de resistir la presión política y comunicacional fortaleció la resiliencia del movimiento y redujo las posibilidades de fragmentación, preservando su capacidad de negociación hasta alcanzar la abrogación de la Ley 1720.

La combinación entre una amplia participación social, legitimidad pública, expansión de alianzas, cohesión organizativa y una estrategia sostenida de presión permitió reequilibrar las asimetrías de poder entre el movimiento indígena y el Estado. Finalmente, la Ley 1720 fue abrogada y el debate sobre una nueva normativa agraria debió incorporar mayores niveles de consulta con organizaciones indígenas y campesinas. Más allá de la derogación de una ley, esta movilización constituye un ejemplo de cómo la sociedad civil puede hacer frente a una situación de injusticia mediante la acción colectiva organizada. Su principal enseñanza es que el éxito de una campaña de resistencia civil no depende únicamente de la magnitud de la protesta, sino de la capacidad para construir legitimidad, ampliar la participación, sostener la unidad interna y diseñar estrategias que reduzcan las asimetrías en las relaciones de poder con las autoridades.

Recuperada de la página de Facebook del medio Una Palabra

[1] Sociólogo boliviano, maestrante en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Conflicto en FLACSO. Trabaja temas vinculados a la transformación de conflictos en Bolivia y la región.