Helga Soraya Corrillo Machicado

Sonia, un seudónimo para proteger su identidad, es una joven de 20 años que ha vivido una experiencia desgarradora. Desde los 13 años, ella fue víctima de abuso sexual perpetrado por su primo. A los 16 años quedó embarazada debido a este trauma. En un valiente acto, Sonia denunció el abuso y buscó apoyo para interrumpir su embarazo a través de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sin embargo, el uso de la objeción de conciencia por parte de algunos médicos y la falta de confidencialidad impidieron que Sonia accediera a este procedimiento.

La noticia del embarazo de Sonia llegó a oídos de su familia y a miembros de la comunidad, incluyendo a algunas figuras religiosas quienes la presionaron para que continuara con la gestación. Pasaron cuatro años desde que Sonia dio a luz, pero el recuerdo de aquel trauma nunca la abandonó.

La historia de Sonia no es única. En la Provincia Gran Chaco, ubicada en el departamento de Tarija, Bolivia, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se enfrenta a serios obstáculos, a pesar de las normativas que la respaldan en casos de violencia sexual. En esta región, la ILE es limitada y, en muchos casos, se encuentra obstaculizada por diversas barreras. Es así que en octubre de 2022 se realizó una campaña noviolenta para garantizar los derechos reproductivos y combatir la violencia de género, incluyendo la promoción de servicios de salud accesibles, comprensivos y ágiles en los establecimientos de la Provincia Gran Chaco.  

El propósito principal de esta campaña fue movilizar a la colectivas feministas y a las autoridades para garantizar la efectiva aplicación de la ILE. Entonces, se decidió tomar en cuenta algunos pasos como, por ejemplo, documentar los obstáculos que impiden la correcta implementación de la ILE en la provincia: la falta de información, las barreras institucionales, el acceso limitado a los servicios y el estigma social. La campaña, además, buscó sensibilizar sobre la importancia de asegurar el acceso a la ILE en casos de violencia sexual a los profesionales de la salud, operadores de justicia, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Además, se realizaron capacitaciones con el fin de proporcionar las herramientas necesarias que permitan atender los casos de manera efectiva y respetuosa.

La Interrupción Legal del Embarazo es un derecho fundamental que posibilita a las mujeres acceder a servicios de salud seguros y legales en situaciones de riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando existe una malformación fetal grave. Aunque la legalidad de la ILE en casos de violencia sexual está respaldada por la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 206/2014, la aplicación tiene muchos obstáculos significativos: la falta de información y la estigmatización, que llevan a las mujeres a desconocer sus derechos y temer buscar la ILE; la carencia de protocolos claros en los establecimientos de salud y la objeción personal o creencias religiosas de algunos profesionales; dificultades geográficas para acceder a servicios, especialmente en áreas rurales; y el estigma comunitario, que genera discriminación y aislamiento, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres.

Durante la campaña, se realizaron visitas a los municipios de Yacuiba, Villamontes y Caraparí (Tarija) con el propósito de entrevistar a operarios y profesionales anteriormente citados y recopilar, además, historias de mujeres que han experimentado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —manteniendo una total confidencialidad—. Posteriormente, se llevó a cabo la tabulación de datos y la presentación de la investigación de manera objetiva. Por otra parte, también se trabajó en el fortalecimiento de capacidades mediante módulos de formación y capacitación destinados a operadores de salud, operadores de justicia, personal de la DNA, del SLIM y promotoras comunitarias. Finalmente, se difundieron los resultados de la investigación y los avances de la campaña noviolenta a través de redes sociales y otros medios de comunicación con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y movilizar el apoyo público.

Esta campaña ha contado con el valioso apoyo de organizaciones como Cemproc y el Club Rotario, la Fundación IVI MARAEI, el Fondo de Mujeres Bolivia y la colaboración de la Red contra la Violencia del Gran Chaco (Bolivia). Esta red, compuesta por diversas instituciones públicas, privadas y activistas feministas, entre ellas, las Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia de Género, han desempeñado un papel fundamental al sumar sus esfuerzos para garantizar la aplicación de la ILE, especialmente en casos de violencia sexual que afectan a niñas y adolescentes.

En conclusión, la campaña noviolenta, denominada Exigibilidad de la Aplicación del ILE en la Provincia Gran Chaco, ha logrado avanzar en la visibilización de los obstáculos que enfrenta la ILE en esta región del país. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud seguros y legales en situaciones de riesgo para su vida o cuando han sido víctimas de violencia sexual.

La lucha por los derechos reproductivos y la eliminación de la violencia de género debe ser constante y sostenida. La campaña noviolenta continuará trabajando para superar los obstáculos identificados y promover un entorno donde se respeten los derechos de todas las mujeres en la provincia Gran Chaco.

Helga Soraya Corrillo Machicado

Es licenciada en ingeniería forestal y apasionada promotora comunitaria en prevención de la violencia de género. Se destaca como conciliadora extrajudicial y facilitadora de mecanismos de justicia restaurativa.

Texto publicado el 03 de noviembre del 2023