Fátima Peña
Una motocicleta ardió en llamas en San Salvador, capital de El Salvador, el 15 de septiembre de 2021. Este hecho pudo pasar desapercibido o pudo reportarse como un accidente. Sin embargo, en una calle aledaña estaba por empezar una de las movilizaciones más numerosas que ha habido en El Salvador en los últimos años. Meses antes, en junio del mismo año, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció de manera repentina que el bitcoin sería moneda de curso legal en el país. Para ello, envió a la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, la llamada “Ley Bitcoin”. La normativa, que tendría un importante impacto en la economía nacional salvadoreña, se aprobó el 07 de junio en solo cinco horas por parte de la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo).
La ley generó una ola de indignación y desaprobación en la población salvadoreña, incluso entre aquellos que son simpatizantes del presidente Bukele. El bitcoin se convirtió en un símbolo que unificó a diversos sectores sociales que salieron a las calles a protestar en una gran manifestación el día de la independencia nacional, el 15 de septiembre. La sociedad civil, ganaderos, gremios médicos, jueces, abogados, estudiantes, entre otros, hicieron llamados a la población para protestar contra el bitcoin, pero también contra la reelección presidencial que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (órgano judicial) avaló el mismo mes de septiembre del 2021.
En redes sociales se viralizó el hashtag #El15Marchamos, que estuvo en tendencia en Twitter durante varios días. Todo este movimiento de descontento contra el gobierno del presidente Bukele generó mucha expectativa y quizás hasta temor dentro del mismo Ejecutivo. Hasta ese momento, desde el inicio del período de Bukele no se había registrado una actividad de protesta tan grande y diversa.
Ese 15 de septiembre, los medios de comunicación e innumerables cuentas de Twitter reportaron casi de manera inmediata que un grupo de “desconocidos” encapuchados, supuestos integrantes de algún grupo que se sumaba a la protesta pacífica, había incendiado la motocicleta. Cientos de cuentas en redes sociales y medios afines al gobierno salvadoreño no tardaron en construir la narrativa adversa: los protestantes eran vándalos, ya están causando destrozos en la ciudad. El Diario El Salvador, el periódico del gobierno salvadoreño, reportaba el incidente de esta manera: “Así fue el momento en que manifestantes prenden fuego a una motocicleta que estaba estacionada a un lado de la calle durante la marcha en la 25 Av. Norte, en San Salvador”. La información estaba acompañada de dos fotografías del hecho que mostraban a dos jóvenes con camisas “antibitcoin”.
Pero, la historia de los manifestantes violentos que querían dañar a la población y al gobierno no duró mucho tiempo. Al ser interrogado por un reportero de televisión, uno de los encapuchados contestó que pertenecía a un grupo liderado por el “Pescadito Ruíz”. El supuesto manifestante, en realidad, quiso decir que su grupo era liderado por Carlos “El Diablito Ruíz”, un conocido político salvadoreño que pertenece al partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). Ruíz se desempeñó por varios períodos como alcalde de Soyapango, uno de los municipios más densamente poblados de El Salvador. Además, también fue diputado de la Asamblea Legislativa. El FMLN es uno de los principales partidos de oposición de El Salvador y fue donde el presidente Nayib Bukele comenzó su carrera política en 2012. Bukele fue expulsado de dicho partido en 2017 y, desde entonces, lo ha atacado ferozmente cada vez que se le presenta una oportunidad.
La declaración del supuesto manifestante comenzó a hacerse viral y sirvió para desbaratar la narrativa oficial que buscaba deslegitimar la protesta ciudadana. Esto evidenció que ese grupo de manifestantes era, en realidad, un grupo de infiltrados o agitadores: no integraban ningún bloque convocante y no parecían saber el contexto de la marcha ni las razones por las que tanta gente se había movilizado. Estos elementos fueron retomados por las personas que participaron en la protesta.
A medida que pasaban los minutos, en redes sociales más usuarios notaron irregularidades en el episodio de la motocicleta incendiada. Por ejemplo, la moto no tenía placas y tampoco se tenía conocimiento de su dueño o dueña. Todos esos aspectos que no parecían tener sentido o no parecían creíbles sirvieron para señalar que el incidente, más bien, había sido provocado por grupos afines al gobierno. No obstante, más allá de desmontar a punta de hechos una narrativa promovida desde el oficialismo, los manifestantes, y quienes apoyaron la movilización a través de redes sociales, comenzaron a hacer humor del episodio del “Pescadito Ruíz”.
Más allá de la respuesta en redes sociales, es importante también hacer notar que quienes participamos en la movilización, supimos mantener disciplina para evitar caer en acciones violentas o en provocaciones de grupos infiltrados. Por ejemplo, notamos el incidente de la motocicleta, pero ningún bloque que participó en la marcha se acercó a la zona. Se permitió que las autoridades tomaran el control de la situación y que los medios de comunicación documentaran lo sucedido. Incluso, muchas de las personas que participamos en la movilización denunciamos el hecho. En este contexto, no solo es importante distanciarse de una actividad violenta, sino también denunciarla y condenarla. Días anteriores a la marcha ya había claridad de que el gobierno intentaría deslegitimar la movilización y, por ello, había que ser más cuidadosos de nuestro entorno y no caer en ninguna provocación de grupos de infiltrados o de las mismas autoridades. Algunos bloques incluso publicaron y difundieron un listado de medidas de seguridad, haciendo énfasis en evitar las provocaciones.
Además, en este tipo de movilizaciones y ante este tipo de hechos que buscan deslegitimar nuestro movimiento, también es necesario aprender de otras personas y movimientos sociales que tienen amplia experiencia en actividades “de calle”. En estas últimas actividades de protesta en El Salvador fueron estas personas —por ejemplo, exguerrilleros o quienes participaron en grandes movilizaciones como las marchas blancas— las que tomaron el control de las medidas de seguridad en las calles: bloquear el paso de vehículos, ir abriendo paso en las calles a los manifestantes, recorrer la marcha para detectar a infiltrados. Son quienes saben detectar a personas que buscan cometer hechos violentos. Confiar en sus conocimientos y protegernos y reconocernos entre los distintos bloques que marchamos fue de suma importancia para detectar grupos de choque y evitar conflictos con las autoridades.
Se puede decir, pues, que el caso del “Pescadito Ruíz” fue un hecho que intentó deslegitimar y ensuciar una movilización pacífica. Sin embargo, al no caer en la provocación, se pudo incluso obtener una ventaja de los errores de los infiltrados para romper la narrativa oficialista.
Texto publicado el 29 de septiembre del 2023
Fátima Peña
Es Licenciada en Comunicación Social y Maestra en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Actualmente, se desempeña como coordinadora de articulación para la incidencia en la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA.