Por: Elthon Rivera Cruz

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En abril de 2018, un grupo de manifestantes, en su mayoría adultos mayores, fueron brutalmente agredidos por fuerzas de choque adeptas al gobierno de Nicaragua. Se trataba de civiles armados con libertad para reprimir, incluso en presencia de las fuerzas policiales. La protesta pacífica tuvo como propósito rechazar las reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La represión dejó centenas de muertos, encarcelados políticos, exiliados, lisiados y estudiantes expulsados de las universidades. El hecho encendió el levantamiento popular en todo el país.

En términos de resistencia noviolenta, los estudiantes universitarios representan una de las poblaciones más relevantes en el país en la medida que abanderan hace mucho tiempo las manifestaciones contra el régimen, exigiendo demandas como el cese a la violencia contra la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, la democracia, la libertad y la justicia. Las acciones que realiza la juventud universitaria nicaragüense tienen la finalidad de corroer los pilares de la corrupción que se encuentran en diferentes áreas del sistema político. Si bien se han logrado resultados pequeños, a causa de las circunstancias represivas, estos grupos gozan de credibilidad en la sociedad. Son reconocidos como actores que luchan por un cambio positivo en Nicaragua. 

La corrupción no se refiere solo al mal uso de recursos públicos. Se trata, en su perspectiva más amplia, de comportamientos no éticos en diferentes espacios de la vida social (pública o privada). Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la corrupción en un sentido clásico del pensamiento político, era el abuso autoritario del poder, hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. Esto implica, por ejemplo, el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados, aunque no se beneficien personalmente, gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen. El hecho es que, en contextos autoritarios, el abuso de poder abre diversas posibilidades para cometer actos de corrupción. 

Por esa razón, tanto dentro del país como fuera de él (con el apoyo de los exiliados y exiliadas), se han realizado campañas de denuncia nacional e internacional, participando en la audiencia pública del 177 Período de Sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020); hubo propuestas de políticas públicas; reforma de leyes; redacción de informes —como el Informe Ampliado sobre la Violaciones a los Derechos Humanos de los Estudiantes Expulsados de las Universidades—; así como el impulso de procesos de memoria (Libro Blanco) que evidencia los casos de corrupción y violación de derechos humanos de un estado totalitario. Es muy rescatable que las estrategias de los estudiantes universitarios se han implementado bajo la lucha noviolenta contra la corrupción.

En el campo del derecho a la educación, los movimientos estudiantiles han denunciado que los centros educativos estatales son cooptados por el partido de gobierno para cometer actos de corrupción e instrumentalizar la educación con fines partidistas. A eso sumar, el mal uso de los fondos públicos asignados a las universidades lo que despertó la protesta pacífica entre los estudiantes. Las denuncias públicas incluyen también a las autoridades académicas por violentar la autonomía universitaria por vincularse con el partido político gobernante; severos cuestionamientos a los partidos políticos tradicionales ya que han sido expuestos como colaboradores del régimen; a las élites económicas por colocar sus intereses sobre las necesidades de la sociedad civil y ser aliados del partido político que impone una dictadura en Nicaragua; e, incluso, se ha cuestionado el accionar de actores emergentes de la oposición política, quienes amparados en sus perfiles contra el gobierno, han pretendido solapar actos de corrupción propios o de terceros. 

Por las demandas expuestas, las y los estudiantes han realizado diversos tipos de resistencia noviolenta en su lucha contra la corrupción: marchas, plantones, piquetes, sátira, cartas abiertas, denuncias públicas y, no menos importante, campañas de activismo digital. Una de las acciones más representativas ocurrió a inicios del 2018: las marchas. Estas generaron gran apoyo popular. Pero, cuando el régimen impedía estas expresiones pacíficas, los colectivos estudiantiles implementaron los plantones y piquetes que, aunque tuvieron menos participación, lograron atraer la atención de los medios de comunicación. Este tipo de acciones fueron relativamente menos peligrosas y disminuyeron los casos de estudiantes arrestados o afectados de alguna forma más grave. 

Estas formas de resistencia civil, pese a la violencia ejercida por el Estado, logró el posicionamiento internacional de la problemática actual en Nicaragua. Hubo pronunciamientos y condenas contra el régimen o sanciones internacionales a funcionarios gubernamentales. Esto demuestra que la lucha noviolenta ha tenido efectos sustantivos, es una evidencia de que la población nicaragüense se rehúsa a caer en un terreno bélico, lo cual legitima cada demanda social. 

Otra forma de legitimar las acciones sociales fueron los reconocimientos que se entregaron a líderes estudiantiles. Por ejemplo, a la estudiante de medicina expulsada de la universidad y, además, presa política en varias ocasiones, Amaya Coppens, a quien se le otorgó el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje que brinda el Departamento de Estado de los Estados Unidos; a la activista estudiantil y defensora de derechos LGBTIQ+, Victoria Obando, se le galardonó con el Premio Tulipán por la defensa de los derechos humanos que es entregado por el Reino de los Países Bajos; Levis Rugama, también víctima de encarcelamiento político y expulsión universitaria, recibió el Premio Joven de la Paz (Bolivia); Alejandra Centeno, también activista y expulsada de la universidad, obtuvo en España el premio Alpha Sigma Nu otorgado por las universidades Jesuitas y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica le otorgó un reconocimiento al liderazgo y trayectoria en la promoción de derechos al joven activista Enrique Martínez. Todos los antes mencionados son premios internacionales, ligados a la constancia y liderazgo en la lucha contra corrupción, en favor de los derechos humanos y por la lucha noviolenta.

La lucha contra la corrupción, entonces, se ha vuelto parte de la naturaleza de los movimientos estudiantiles. No obstante, estos grupos no se han librado de críticas y señalamientos que, si bien pueden ser errores reales, son parte del proceso de aprendizaje y maduración organizacional y personal de los líderes y lideresas. Ellos han tomado a bien estos cuestionamientos, un aspecto que los muestra como sujetos políticos capaces de corregir. Es un valor importante, ya que, en el espectro político nacional, tales iniciativas no existen o no se quieren hacer. 

Los movimientos estudiantiles, aun dentro de la poca experiencia organizativa, son capaces de echar a andar una serie de acciones noviolentas que se opone a los sistemas corruptos y autoritarios en todas las esferas. 

Elthon Rivera Cruz

Activista y defensor de derechos humanos en materia estudiantil, libertad académica y autonomía universitaria en Nicaragua.

Publicado: 16 de marzo del 2022