Reynaldo Tapia

El mes pasado se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia, en las que Rodrigo Paz, senador de tendencia centrista y hasta entonces rezagado en las encuestas, sorprendió al imponerse en la primera vuelta con un 32% de los votos, superando al ex presidente conservador Jorge Quiroga, quien alcanzó el 27%. Ambos candidatos plantearon un giro drástico respecto a las políticas del actual gobierno del MAS, al que responsabilizaron de la crisis de ese país. Más allá de su retórica en torno a “salvar a Bolivia” y de ciertas coincidencias programáticas, tanto Paz como Quiroga comparten una vinculación histórica con las luchas de resistencia civil que han marcado la dinámica política boliviana. Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, cuyo Gobierno estuvo marcado no solo por acusaciones de corrupción y sospechas de vínculos con el narcotráfico, sino, sobre todo, por la continuidad de políticas neoliberales y la implementación de programas de erradicación de coca promovidos por Estados Unidos. Estas medidas suscitaron una amplia resistencia social expresada en campañas no violentas, entre ellas marchas y protestas masivas. Por su parte, Jorge Quiroga también se vinculó a episodios de contestación social no violenta, en tanto que ejercía la vicepresidencia durante la llamada Guerra del Agua[R1] [RT2] , cuando la acción no violenta logró revertir la privatización del suministro hídrico en favor de la multinacional Bechtel.

El resultado de estas elecciones reflejó la frustración del electorado frente a la crisis económica, caracterizada por la escasez de combustibles, la inflación y la falta de dólares, así como el declive del Movimiento al Socialismo (MAS), que durante dos décadas  dominó la política boliviana bajo el liderazgo de Evo Morales y posteriormente de Luis Arce. Los comicios evidenciaron un giro en el panorama político, con ambos candidatos de la segunda vuelta promoviendo políticas de orientación derechista, tales como recortes a los subsidios y al gasto público. Aún más radicales fueron las demandas de ciertos sectores conservadores, que presionaron por desmantelar el Estado Plurinacional y restaurar la República. En este marco, la derecha radical articuló una agenda abiertamente anti–indigenista, en la cual se responsabiliza al MAS de haber estigmatizado lo indígena al asociarlo con prácticas de corrupción, degradación ambiental y minería ilegal. Paralelamente, numerosos actores de izquierda y activistas que en el pasado fueron cercanos a Morales se distanciaron del MAS, no solo por la continuidad de políticas con rasgos neoliberales, sino sobre todo por acusaciones de pedofilia dirigidas contra Morales, así como las denuncias vinculadas con corrupción, supuestos nexos con el narcotráfico, y, sobre todo, el intento de Morales de perpetuarse en el poder. No obstante, conviene destacar que las movilizaciones sociales que posibilitaron el ascenso de Morales y del MAS no se guiaron exclusivamente por la lealtad al partido, sino que constituyen parte de una tradición histórica de lucha en defensa de los derechos campesinos, la democracia, la justicia económica y la dignidad de los pueblos indígenas.

En el 2019 varios miembros de los pueblos originarios, sindicatos y simpatizantes del MAS protestaron por la restitución de la democracia, cuando la senadora conservadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia, después de que Evo Morales renunció a la fuerza a su cargo. en el contexto de denuncias de fraude electoral. Estas manifestaciones no se limitaron al respaldo a Morales o al MAS, sino que también representaron una reacción frente al explícito mensaje antiindígena del gobierno de Áñez. Un ejemplo  de esta política antiidigenista fue el retiro de la Wiphala de los uniformes por parte de miembros de la Policía y las fuerzas militares, lo que provocó la respuesta unificada de las masas en las calles, expresada en el lema “¡La Wiphala se respeta, carajo!”. Las protestas no violentas se mantuvieron e incluso se intensificaron ante la represión estatal, especialmente en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), donde varias personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas. Estosacontecimientos pusieron de manifiesto la magnitud de la violencia del gobierno de facto, generaron un amplio rechazo social y reforzaron la percepción de ilegitimidad de la administración de Áñez, contribuyendo a que, en 2020, el MAS recuperara democráticamente la presidencia bajo el liderazgo de Luis Arce.

En estas elecciones, la derecha se presentó más consolidada y, de cara a la segunda vuelta, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga buscaron atraer el apoyo de los votantes que no los respaldaron en la primera ronda, previa al 19 de octubre. Ambos candidatos, de manera directa o indirecta, propusieron reinstaurar un modelo neoliberal caracterizado por la privatización, la reducción del tamaño del Estado y la contracción de los servicios sociales, en el marco de la promesa de estabilidad económica, crecimiento y generación de empleo. Quiroga, con un posicionamiento más explícitamente neoliberal, planteó eliminar los subsidios a los combustibles, reducir el déficit fiscal con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, recortar el gasto público y cerrar empresas estatales deficitarias.

Sin embargo, las políticas de esta naturaleza crearon resistencia en amplios sectores de la sociedad boliviana, que  cuenta con un legado histórico de movilizaciones frente al neoliberalismo. Las memorias de 2003, con el llamado “impuestazo” (Febrero Negro), y la “Guerra del Gas” (Octubre Rojo) permanecen vivas, al igual que los recuerdos más recientes de Senkata y Sacaba.  Los repertorios de contención no violentos del pueblo boliviano no son un fenómeno reciente, sino que poseen una larga trayectoria que se remonta incluso a la época colonial, e incluyen cercos a ciudades, bloqueos de caminos y carreteras principales, paros laborales a gran escala, huelgas de hambre colectivas, protestas de alcance nacional y marchas multitudinarias. Este clima de resistencia se hizo evidente nuevamente en este mes de septiembre: el día 5, Bolivia conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena mediante marchas y actos simbólicos, en los que organizaciones como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas “Bartolina Sisa” exigieron una mayor participación política, igualdad educativa y la defensa de los territorios. Asimismo, el 18 de septiembre, miles de mineros estatales se movilizaron en La Paz para protestar contra la ocupación de yacimientos por cooperativas privadas y exigir al gobierno el despeje de las áreas de explotación.

Ya sea bajo la nueva presidencia de Quiroga o Paz, resultará difícil implementar un proyecto neoliberal en un país cuya sociedad posee una larga historia de movilización y acción no violenta.  La Revolución Nacional de 1952 se cimentó en la resistencia civil; las dictaduras militares fueron finalmente derrotadas gracias a la acción no violenta; y los intentos de instaurar políticas neoliberales fracasaron debido a la intervención activa del pueblo y las constantes protestas no violentas. Incluso el propio MAS enfrentó cuestionamientos significativos durante el conflicto del TIPNIS, en el que la defensa del territorio y la oposición a la carretera proyectada evidenciaron la persistente resistencia indígena frente al modelo extractivista del Estado. De manera similar,  el gobierno de Áñez, en apenas un año de gestión, se vio severamente limitada por la continua contestación social en las calles.

Bolivia entra en la recta final hacia una segunda vuelta presidencial que, tras casi dos décadas de hegemonía del MAS, marca un punto de inflexión en su panorama político. Este cambio ya se reflejaba en los datos censales: según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), la población que se identifica como indígena ha disminuido del 62% en 2001 al 41% en 2012, y al 38,7% en 2024. Ambos candidatos y sus partidos expresan estas transformaciones mediante posturas abiertas o veladas de carácter anti-indigenista, lo que evidencia la complejidad de las dinámicas políticas y sociales del país. Factores como la fragmentación del electorado, las divisiones internas dentro del discurso indígena y la influencia de narrativas mediáticas y regionales han configurado este escenario, en el que el nuevo gobierno enfrentará significativos desafíos de gobernabilidad y legitimidad política, tanto a través de los canales institucionales como mediante formas de resistencia civil.

Instituto Nacional de Estadística. (n.d.). Censo de población y vivienda 2024. https://censo.ine.gob.bo/

*Reynaldo Tapia es doctor en Asuntos Globales por la Universidad Rutgers y docente en la City University of New York. Sus investigaciones se enfocan en diversas formas de resistencia social, incluyendo la acción no violenta, el terrorismo, y el uso de la música como herramienta de resistencia.