Marco Aurelio Peña

“Quien no está en paz consigo mismo, está en guerra con el mundo”

Mahatma Gandhi 

Inspirados en una frase del olvidado escritor romano Vegecio, los partidarios de la guerra han sostenido con fatal arrogancia si vis pacem, para bellum —si quieres la paz, prepara la guerra—, una máxima que encontró en el general prusiano Carl Von Clausewitz a su ideólogo perfecto. De este personaje se popularizó una frase que sintetiza la concepción bélica del mundo: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Inclusive, los personajes que propugnaron una virulenta crítica social desde una teoría revolucionaria contra el orden establecido —del siglo XIX en adelante— llegaron a concluir y respaldar que la violencia era la partera de la historia. De lo anterior es admisible inferir que desde tiempos remotos ha predominado en la conducta política y social de la humanidad, especialmente para la resolución de conflictos, una enraizada cultura de violencia que exacerba el belicismo. 

Sin embargo, como se hizo ver en el Manifiesto de Sevilla, no hay evidencia científica ni fundamento biológico para concluir que la violencia es un hecho natural. Lo sostenido en el Manifiesto, como un documento científicamente informado para la construcción de paz, pareciera no tener cabida en ciertos países latinoamericanos que registran ciclos de violencia en la actividad centrada en el acceso, ejercicio y conservación del poder político. Es el caso de los regímenes antidemocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde el abuso de la fuerza estatal está a la orden del día contra aquellos que ejercen sus libertades de pensamiento, académica, expresión, prensa y asociación. No obstante, ha habido casos en la región de manifestación y resistencia pacífica con buenos resultados. En este artículo se examinarán dos experiencias positivas a nivel centroamericano: Guatemala y Costa Rica.

Con las manifestaciones sociales en Guatemala (2015), los chapines vivieron su propia revolución de tulipanes o primavera árabe. El país de la eterna primavera —como se le conoce a Guatemala— se conmocionó con un escándalo de corrupción que involucró a su presidente, vicepresidente y a cerca de cuarenta funcionarios de alto nivel del gobierno guatemalteco. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hicieron pública su investigación conjunta sobre una red de defraudación aduanera llamada “La Línea”, consistente en un grupo criminal que efectuaba cobros ilegales, pactaba sobornos y facilitaba contrabandos con empresarios, importadores y usuarios en las aduanas de todo el país. Se maneja que uno de los miembros de la asociación ilícita llegó a recaudar en una o dos semanas cerca de 2,5 millones de quetzales —equivalentes a unos 330 mil dólares estadounidenses. La causa anticorrupción cogió muchísima fuerza al punto que el caso de “La Línea” se convirtió en el detonante de una serie de manifestaciones ciudadanas con réplicas en varias partes del país. 

En este contexto, el movimiento #RenunciaYA empezó cuando ocho personas en redes sociales decidieron convocar masivamente con la palabra «pacífica» para que la gente se manifestara de manera cívica y noviolenta frente al Palacio Nacional de la Cultura (Zona 1, Ciudad de Guatemala), debido a la gran estafa en perjuicio del contribuyente guatemalteco. Las demandas eran claras y concisas: renuncia de Otto Pérez Molina (presidente), de Roxana Baldetti (vicepresidente) y demás responsables. También se exigió la devolución de lo robado al erario. La convocatoria lograría la concurrencia de al menos quince mil personas en la Plaza de la Constitución el 25 de abril de 2015, aunque se dice que consiguió aglutinar más de treinta mil manifestantes.

Entre consignas, pitazos, cacerolazos, silbidos, pancartas y cantos del himno nacional, la ciudadanía se concentró movida por un sentimiento generalizado y compartido de indignación; es decir, no era relevante la afiliación partidaria, la extracción ideológica o el estrato social al que se pertenecía, sino la toma de conciencia de manifestarse en contra de una clase gobernante profundamente corrupta. No hubo discursos únicos ni demagogos. Desde hace mucho tiempo, la corrupción, junto con el crimen organizado, la violencia social y la inseguridad ciudadana, son los problemas más graves de Guatemala. Una manifestación multisectorial con esa cantidad de personas no tenía precedentes en la historia reciente. La llamada revolución pacífica tenía lugar en un país del triángulo norte del istmo centroamericano, subregión caracterizada como una de las más violentas del mundo sin estar en guerra. 

La concentración de personas fue rodeada por los agentes del orden que vigilaron y lucieron uniforme de oficina sin reportarse hechos de represión o uso desproporcionado de la fuerza. Se maneja que unos tres mil universitarios se sumaron a las protestas sociales junto a profesionales, oficinistas, activistas de organizaciones de la sociedad civil, personas de la diversidad sexual, familias enteras con niños y adultos mayores incluidos. El sector empresarial respaldó las manifestaciones cívicas con paro de labores y el movimiento #RenunciaYa ganó la simpatía de la comunidad internacional. Los trabajadores, campesinos e indígenas organizados fueron los grandes ausentes en esta gran congregación ciudadana, ya que manifestaron su desafecto con la marcha y/o adoptaron una posición acomodaticia con el gobierno.

El éxito inmediato de este movimiento social espontáneo fue la renuncia anticipada de la vicepresidente Baldetti, el presidente Pérez Molina y varios funcionarios de su gabinete, luego que el Poder Legislativo los desaforara para que respondieran ante los tribunales de justicia. Tanto Baldetti como Pérez Molina fueron capturados en virtud de una orden judicial, procesados y sentenciados a pena privativa de libertad por actos de corrupción, fraude, cohecho y lavado de dinero.

En el caso de Costa Rica, la marcha por el presupuesto universitario del 2022 fue exitosa cuando el recién elegido presidente Rodrigo Chaves perdió su primer pulso en las calles al intentar un recorte en 129 mil millones de colones —equivalentes hoy en día a unos 237.3 millones de dólares estadounidenses— del denominado Fondo Especial de Educación Superior (FEES) para 2023. Para esta decisión se argumentó que era necesaria una racionalización del gasto público —o sea, mayor transparencia presupuestaria— y se cuestionó que en las universidades públicas hubiera académicos que perciben sueldos y beneficios que los hace privilegiados en comparación con el costarricense de a pie. Tras ganar como outsider en segunda vuelta contra José María Figueres de Liberación Nacional, el mandatario costarricense de Progreso Social Democrático planteó el recorte del fondo universitario con su estilo directo y frontal, causando mucho revuelo en la opinión pública en sus primeros cien días de gobierno. Cabe indicar que la educación pública forma parte de los cimientos socialdemócratas del Estado costarricense, por tanto, los ticos valoran y compensan muy bien a sus académicos.

El presidente Chaves, en su afán de mercadearse como persona de acción y políticamente incorrecta ante los sectores privilegiados, se encontró el 16 de agosto de 2022 con una movilización social que se hizo sentir en las calles luego de dos años de pandemia, confinamiento y crisis económica que ocasionó cierta pasividad en la actividad política y social costarricense. Las universidades estatales tienen una percepción pública positiva y gozan de mucha legitimidad social. Lo singular del caso es que el mandatario no respaldó públicamente a su ministra de educación Ana Katharina Müller, quien se convirtió automáticamente en el blanco de críticas bien afiladas de parte de la comunidad universitaria. En Costa Rica, por norma constitucional, los gobiernos deben destinar el 8% del producto interno bruto a la educación pública, meta que no cumplió la gestión gubernamental desde 2021 tras la irrupción del Covid-19.

La marcha multitudinaria por el presupuesto universitario revitalizó el espíritu ciudadano de manifestarse cuando alguna decisión gubernamental lesiona infundadamente derechos adquiridos e intereses de una gran parte de la población. Una nutrida marcha de estudiantes, funcionarios, docentes, investigadores y egresados de las universidades públicas, gente de organizaciones sindicales, sociales, comunales y partidos políticos, artistas, activistas y líderes de federaciones universitarias, abarrotaron la vía pública desde la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), pasando la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca —cantón vecino de la capital San José— hasta llegar a Casa Presidencial en Zapote.

A pesar que, posiblemente, unas diez mil personas se aglutinaron en las calles con música y baile, ni las fuerzas de seguridad ni los antimotines fueron utilizados para estar en guardia alrededor de la Casa Presidencial ni mucho menos para reprimir a los manifestantes que se apostaron de forma cívica y pacífica. Como se lee en la placa conmemorativa en las afueras de la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo), la nación costarricense se precia de ser culturalmente pacifista y antimilitarista. Los encuentros y negociaciones entre el Gobierno central y el sector universitario a través de la comisión de enlace dieron resultados satisfactorios. La propuesta oficialista de recorte no prosperó y, en cambio, se aceptó negociar sobre la base del presupuesto definido para 2022, más el factor inflación que ha encarecido ostensiblemente el nivel de vida en el país centroamericano. De este modo, la marcha por el presupuesto universitario tuvo éxito inmediato: el FEES 2023 no se redujo. Se respetó el artículo 85 de la Constitución Política sobrela asignación presupuestaria a la educación pública y se aseguró el cumplimiento de los compromisos financieros de la universidad estatal como el sistema de becas.

En conclusión, los casos exitosos de manifestación y resistencia pacífica en Guatemala y Costa Rica son experiencias positivas que nos sirven para la reflexión y el aprendizaje en aras de aplicar estratégicamente una filosofía política y social de acción noviolenta de corto y largo plazo en países con contextos más complejos y peligrosos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para que un país cambie su chip de la guerra a la paz, del conflicto a la armonía, es indispensable transformar patrones culturales en la manera de pensar y hacer política de sus ciudadanos. Gobernantes y gobernados deben interactuar en sus relaciones de poder teniendo la paz como valor central. Si hay una concepción verdaderamente revolucionaria, esa es concebir inequívocamente la paz como partera de la historia. 

Marco Aurelio Peña

Es economista, abogado y docente nicaragüense. Es consultor económico, director ejecutivo de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen) y miembro de la Asociación Centroamericana de Filosofía (Acafi). Promueve la libertad, la democracia y la construcción de paz. Actualmente se encuentra en el exilio.

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