Elthon Rivera Cruz

La acción noviolenta permite la posibilidad de enfrentar los diferentes contextos desfavorables que pueden ocurrir en la sociedad, sin tener que recurrir a la violencia. Se requiere de factores muy importantes para su implementación, como la seguridad y la eficacia que son componentes a destacar. Hay cientos de métodos cívicos que pueden ser aplicados tanto en conflictos sociales como políticos. En este último, justamente, se enfocará este artículo: los procesos electorales en Nicaragua entre los años 2016 y 2022.

Desde el 2007, en este país centroamericano gobierna la actual dictadura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Daniel Ortega Saavedra. Pese a haber llegado de forma democrática al poder, después de haber estado 16 años como oposición, el FSLN evolucionó rápidamente a una dictadura cuya coronación se hizo más evidente en el 2018 cuando todo su poder represivo fue lanzado contra la población civil que se encontraba en protesta social, cívica y pacífica. Este hecho dejó como resultado más de 350 personas asesinadas, cientos de prisioneros políticos y miles de exiliados y, a su vez, cientos de estudiantes expulsados de las universidades por sus opiniones políticas contra el gobierno —datos que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para la oposición nicaragüense, en el sentido amplio de la palabra, ha sido todo un reto enfrentar a esta dictadura que no duda en utilizar toda su fuerza represiva contra quienes le adversan. Ejemplo de esto son los siete precandidatos presidenciales que al día de hoy se encuentran en prisión tras haber sido detenidos por anunciar sus aspiraciones electorales contra el FSLN. Sin embargo, los esfuerzos de la oposición han sido constantes y fundamentalmente cívicos, sin violencia. Pero, ¿cómo se han aplicado estas acciones noviolentas en el contexto electoral? En el año 2016, por ejemplo, se inició la campaña conocida como “Yo no boto mi voto” en la cual se llamaba a las personas a no participar en el proceso electoral, pues este ya estaba arreglado para favorecer al FSLN que contaba con el respaldo de las fuerzas armadas. Ortega solamente necesitaba que el proceso se llevara a cabo para cumplir con el requisito. En ese año el régimen no permitió la observación internacional, tratando de evadir las críticas por los irregulares comicios donde, además, participaba su esposa Rosario Murillo como candidata a la Vicepresidencia de la República.

La campaña de boicot electoral por el llamado al abstencionismo fue respaldada por los partidos políticos de oposición y por las agrupaciones políticas y sociales, como por ejemplo el Grupo de los 27, integrado por intelectuales, políticos y académicos, quienes manifestaron que «no hay por quién votar» y llamaron a una «resistencia pacífica expresada en la abstención».

“Yo no boto mi voto” fue difundida por las redes sociales digitales, siendo compartida por personas reconocidas en la política nacional contra Daniel Ortega, incluyendo personas de ideología izquierdista —con la que se identifica el FSLN. A las campañas de redes sociales se sumaron, además, producciones informativas mediante videos para explicar a la población las razones por las cuales se promovía la abstención.

Con la misma consigna también se realizaron actividades de movilización, como marchas en diferentes ciudades con pancartas que apoyaban el abstencionismo electoral: “No a la farsa electoral”, “Yo no boto mi voto”, “No hay por quién votar”, “Ortega vendepatria”. Al término de estas manifestaciones, y posterior al proceso electoral, las organizaciones opositoras calcularon un éxito de abstención de casi un 60%. Sin embargo, el FSLN aseguró que solo fue un 34%, instaurándose el gobierno por un periodo más. Cabe destacar que la manipulación de los resultados electorales se ha sostenido gracias al control que la misma dictadura ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral.

Si bien es cierto que el régimen sandinista se sostuvo en el poder político, la credibilidad en su gobierno disminuyó aún más. La oposición política y social nicaragüense aumentó en el periodo siguiente. Tras el evidente fraude del 2016 y los progresivos avances de un modelo autoritario de gobierno, la población nicaragüense no tardó mucho en salir a las calles cívicamente a protestar, como sucedió en el año 2018. Estas protestas desencadenaron la crisis sociopolítica que se mantiene hasta hoy, donde Ortega y su partido han sido identificados internacionalmente como una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad.

En medio de un contexto violento e inestable a nivel nacional llegaron las nuevas contiendas electorales presidenciales del 2021. La oposición nicaragüense demandaba elecciones cívicas y transparentes mientras se organizaban para enfrentar al régimen sandinista a nivel electoral. Pero, aun cuando la oposición presentaba dificultades para lograr la unidad, Daniel Ortega veía su caída cívicamente si permitía un proceso electoral dentro de los parámetros democráticos. Fue así que el régimen empezó a dificultar el proceso de las elecciones, impidiendo la observación internacional, cancelando la legalidad de varios partidos políticos de la oposición y, finalmente, encarcelando a actores políticos que pretendieron competir en su contra.

Nuevamente, la resistencia cívica se debió enfocar en el proceso electoral y, entre varias estrategias y acciones, una que tomó fuerza fue el nuevo llamado al abstencionismo electoral con campañas de boicots como “Quédate en casa”, que instó a las personas a no salir a las calles ni a votar el día de las elecciones como una forma de demostrar el rechazo al fraude electoral que impuso la dictadura Ortega-Murillo. Parte del éxito de esta campaña radicó en la estrategia de participación en el proceso previo de verificación electoral para demostrar que había un padrón electoral activo: 2.8 millones de nicaragüenses se verificaron para asegurar que tenían habilitado el derecho al voto. Sin embargo, al momento de las elecciones, el abstencionismo fue de 81%, el mayor en la historia del país. Este mismo boicot se repitió en las elecciones municipales de noviembre de 2022.

La dictadura de Nicaragua ha logrado mantenerse en el gobierno, pero las campañas noviolentas de la oposición la debilitan cada vez más. Estos procesos electorales han expuesto los fraudes de Ortega ante la comunidad internacional, hoy es ampliamente reconocido como un dictador, tiene varias denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay múltiples sanciones por países europeos y norteamericanos, existen procesos de investigación criminal en Argentina y se encuentra en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los boicots son muy utilizados en las acciones de resistencia civil noviolenta, y sus resultados deben ser interpretados en cada contexto según sus objetivos. En el caso de las elecciones en Nicaragua, estos boicots buscaban demostrar la farsa electoral y desacreditar los resultados de la misma. No buscaban la remoción inmediata de la dictadura, pues este es un proceso más complejo que requiere la implementación de más actividades y más tiempo. Sin embargo, al desarrollar estas acciones se va debilitando el poder del régimen al demostrar su baja aceptación y el alto nivel de corrupción, y permitiendo a su vez, una mayor articulación de la ciudadanía e incrementando la conciencia respecto a la importancia del voto y de la participación consciente, responsable y activa en los procesos electorales. Esto en su conjunto se puede considerar como una forma de éxito en las campañas

Activista por los derechos humanos, la libertad académica, la acción noviolenta y construcción de paz. Presidente y fundador de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen).

Publicado: 11 de enero del 2023