Daniela Brik
Me dispongo a escribir sobre uno de los asuntos que de forma taxativa resultan más complejos de dilucidar para un simple observador en un conflicto de resistencia civil, como el que vivió Ecuador en octubre de 2019. Pero, asumo el desafío planteado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción Noviolenta Estratégica en las Américas y abordaré sin cortapisas los indicios de la presencia de infiltrados y agentes provocadores en ese conflicto.
El detonante fue un decreto presidencial que buscaba poner fin a cuatro décadas de subsidios a los combustibles, en línea con los compromisos adquiridos por el Gobierno del país andino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 4,2 millones de dólares. La medida fue considerada una provocación por las clases populares y una gota más en un vaso repleto de agravios, especialmente, contra las nacionalidades indígenas de Ecuador.
Pero, antes de poner en contexto este episodio, quiero destacar como periodista, que vivió los acontecimientos en primera persona, e investigadora, que analizó estos sucesos en mi tesis de maestría, la enorme capacidad de agencia y organización que tuvo el movimiento indígena ecuatoriano. Pese a su gran diversidad y multiplicidad de visiones y voces, lideró las acciones en las calles y la mesa de diálogo, logrando que el entonces presidente Lenín Moreno diera marcha atrás y revirtiera la medida en aras de pacificar el país.
La respuesta social derivó en movilizaciones con epicentro en Quito, que paralizaron Ecuador durante once días en los que perdieron la vida entre media docena y una decena de fallecidos, de acuerdo a diversas fuentes periodísticas y de organismos nacionales e internacionales, y alrededor de 1500 resultaron heridos.
Autores como Garrido y Mouly señalaron que «lo que comenzó como una campaña noviolenta resultó en niveles de violencia nunca antes vistos en este tipo de movilizaciones en Ecuador». Sin embargo, desde los primeros días de las manifestaciones, la violencia era ya palpable en el casco histórico de Quito, escenario de verdaderas batallas campales entre los manifestantes y la fuerza pública, lo que llevó a la temprana declaración del estado de excepción.
Sobre la presencia de infiltrados, agentes provocadores o, al menos, actores extranjeros e intereses políticos particulares durante los días más violentos de las protestas se ha sospechado, acusado, teorizado, dicho y publicado mucho. No obstante, en la mayoría de los casos siempre ha sobrevolado una sombra de dudas ante la dificultad de contrastar y verificar las informaciones, testimonios y declaraciones en ese sentido. Sobre esta cuestión podemos diferenciar algunas categorías:
Fuentes de las Fuerzas Armadas, que no puedo identificar por razones de seguridad, me indicaron que durante los días de mayor caos en la capital miembros de unidades del ejército ecuatoriano fueron desplegados en lugares soterrados de la urbe, que tampoco puedo precisar, ante la necesidad de que tuvieran que acceder de forma rápida al casco histórico —donde se encuentra el Palacio presidencial— sin ser percibidos por los manifestantes. Entre los objetivos, los testimonios dan a entender que podrían figurar i) la extracción de representantes políticos, ii) su intervención táctica de apoyo a las fuerzas policiales, o iii) la detención de alborotadores —recordemos que desde el inicio de la protesta social se había declarado el estado de excepción—.
También hubo agentes policiales y militares vestidos con ropa de civil en las convocatorias, tanto en Quito como en poblaciones cercanas de mayoría indígena donde se trataba de romper el cerco impuesto inicialmente por las fuerzas de seguridad para poder arribar a la capital. Este tipo de información apunta a que los servicios de inteligencia monitoreaban lo que acontecía tanto en las calles, como bajo tierra con varios posibles objetivos específicos.
De acuerdo a declaraciones de manifestantes, líderes indígenas, del propio Gobierno y periodistas en el terreno, durante las protestas se produjeron disturbios en los que supuestamente tomaron parte personas de otras nacionalidades y que se describieron como cubanos y venezolanos. Estas personas, según los testigos, eran reconocibles por su indumentaria porque no pertenecían a ningún grupo de manifestantes que los conocieran, o bien, porque se situaban en lugares concretos de las concentraciones, como en las esquinas de calles y extremos de las líneas de protesta. Se sospechaba que habrían avivado el descontento con el objeto de caotizar o provocar una reacción violenta por parte de la fuerza pública.
Cabe referir que estas descripciones de los hechos son difíciles de constatar y como observadora durante los días de mayor violencia, me fue imposible identificar a agitadores de supuesto origen extranjero. Lo que sí pude apreciar fueron jóvenes encapuchados que se acercaban y encaraban a las fuerzas de seguridad, además de arrojar objetos, fuegos pirotécnicos y cócteles molotov. También a manifestantes fuertemente pertrechados con escudos rudimentarios y agazapados tras defensas como barricadas levantadas con el adoquinado del centro histórico.
Este tipo de acciones que requieren cierta pericia y táctica en la lucha callejera estuvieron alejadas de la estrategia noviolenta y fueron más propias del black-block —manifestación callejera cuyos participantes se caracterizan por llevar ropa negra— que el producto o la consecuencia de la instigación de unos cuantos agentes provocadores.
En un caso paralelo, pero que engarzó con la lógica del «agente extranjero» esgrimida por el Gobierno, se produjo la detención de cerca de una veintena de personas en las inmediaciones del aeropuerto de Quito. En su mayoría eran venezolanos y las fotos que publicaron las autoridades presentaban a los detenidos en posición humillante, según denunciaron oenegés defensoras de los derechos humanos. Casi todos fueron puestos en libertad poco después al no encontrarse base para la formulación de cargos. Se trataba de conductores de aplicaciones móviles que esperaban fuera del aeródromo a los clientes, me explicó la Asociación Venezuela en Ecuador.
La narrativa sobre estas sospechas fue que este tipo de infiltrados habría buscado sembrar el caos para desestabilizar al Gobierno. Así lo señaló el expresidente Lenín Moreno, pero también testimonios recogidos para mi tesis de líderes indígenas y periodistas. El Gobierno acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado ideológico del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, de estar detrás de los intentos de desestabilización democrática del país.
Como caso emblemático figuró la quema de la Contraloría General de la República y de la documentación existente y que, eventualmente, favorecería a la corriente política del correísmo «para destruir las pruebas de la corrupción«, según advirtió el propio Moreno. Líderes indígenas como Lourdes Tibán, del Movimiento Plurinacional Pachakutik, se desmarcaron de aquellos actos de vandalismo al asegurar que la responsabilidad fue de «grupos infiltrados y armados que fueron preparados por el correísmo«.
Por otra parte, la guardia indígena ejerció cierto control de las manifestaciones y disciplinó a los alborotadores, sin embargo, no impidió que algunos jóvenes, individuos violentos o infiltrados de algún grupo interesado emplearan tácticas violentas e incurrieran en acciones premeditadas como incendiar la Contraloría o atacar las instalaciones de algunos medios de comunicación.
Como conclusión, y a fin de evitar caer en la trampa dialéctica de narrativas antagónicas tan enfrentadas que se construyeron durante y después de aquellos días de gran virulencia, solo podemos afirmar que la participación de infiltrados y agentes provocadores fue muy difícil de contrastar y, desde el punto de vista sociológico, forma ya parte del mito: aquello que es compartido, independientemente de que pueda o no verificarse en la realidad. Y es que, al calor de las protestas, el Gobierno, el liderazgo indígena y los manifestantes esgrimieron la participación de agentes externos o infiltrados cuando les fue oportuno, al igual que trataron de silenciar su implicación cuando no les era conveniente.
Podemos resumir que durante las manifestaciones de octubre de 2019 en Ecuador, donde se yuxtapusieron acciones noviolentas de resistencia civil junto a otras de una intensidad inusitada, todas las categorías apuntadas anteriormente podrían haber ocurrido y al mismo tiempo formar parte de la leyenda urbana para justificar acciones, confundir o amedrentar al enemigo.
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Texto publicado el 19 de septiembre del 2023
Daniela Brik
Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por Flacso Ecuador. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años como corresponsal de la Agencia EFE. Su ámbito de interés académico abarca los movimientos de resistencia civil, estudios de paz, conflictos y su vinculación con la religión.
*La fotografía corresponde a la autora de este texto. Daniela Brik se graduó con la tesis de maestría, Ecuador 2019: deconstruyendo el anticolonialismo subyacente en la protesta.
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