*Carolina Navia
El conflicto armado colombiano posee diferentes formas de violencia, entre estos, el reclutamiento de menores de edad. Un hecho atroz del poderío de los actores armados en los territorios con poca presencia estatal que logró destrozar sueños e infancias, sumando vidas a una cruenta guerra. De ahí que, una vez firmado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la esperanza embargó a las comunidades más afectadas por la violencia. Sin embargo, en estos últimos seis años, grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados no estatales se fortalecieron en territorios como el departamento del Cauca, incrementando la cifra de menores reclutados. De acuerdo con El Espectador (2021), en el año 2021, hubo un registro de 275 reclutamientos a menores de edad en zonas rurales de este departamento.
Esta ola de violencia en el posacuerdo generó diferentes respuestas en estas comunidades. Particularmente, los pueblos indígenas de este departamento, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), impulsaron una campaña de resistencia noviolenta frente a la incursión de los actores armados en su territorio denominada Minga hacia adentro. En el marco de esta estrategia de resistencia se realizaron acciones de no cooperación económica e intervención noviolenta, enfocadas principalmente en la erradicación de cultivos de uso ilícito —fuente de financiamiento de los actores armados—.
Dentro de esta campaña se definió fortalecer el control territorial, que para el CRIC es la defensa noviolenta del territorio y la vida desde su cosmovisión. Por ello, se desarrollaron acciones de respuesta inmediata frente a dinámicas que desarmonizan el territorio o la vida de estas comunidades. Así el CRIC, ante los casos de reclutamiento de menores, consolidó una ruta de respuesta inmediata en la cual participan la guardia indígena, los miembros del equipo jurídico de la organización y el resto de los comuneros. Todo empieza cuando la comunidad informa sobre los hechos de reclutamiento a las autoridades del CRIC, quienes a través de grandes esfuerzos han logrado establecer canales de diálogo con algunas estructuras armadas. Luego, las autoridades realizan acercamientos con los actores armados solicitando el retorno de los menores a sus comunidades. Este procedimiento varía según la estructura criminal involucrada ya que con algunas es posible establecer diálogos. Incluso, en algunas ocasiones, se ha contado con la gestión del Comité de la Cruz Roja.
Estos canales de diálogo se fortalecieron a partir del impulso de la Minga hacia adentro. La presión que esta campaña logró ejercer en las estructuras armadas conllevó al fortalecimiento de estos espacios de diálogo. La mayoría de las veces los grupos armados permitieron el retorno de los menores reclutados a sus comunidades. Es importante señalar que para que el regreso de los jóvenes fuera efectivo, estos debían tener la voluntad de volver a sus comunidades, de lo contrario permanecían en las estructuras armadas. Una vez se contaba con la aprobación de los menores, previo diálogo con miembros de la guardia indígena y el equipo jurídico del CRIC, estos eran retornados a sus territorios por el CRIC desde zonas como el sur del Cauca y el departamento de Nariño, donde el conflicto se ha recrudecido.
Esta dinámica empezó a ser replicada por otras comunidades campesinas vecinas, específicamente al norte del departamento. En palabras de uno de los integrantes del equipo jurídico del CRIC —que por seguridad se mantendrá en anonimato— “todo ese ejercicio se replica en comunidades campesinas, siguen la misma ruta”. En consecuencia, el CRIC llevó a la Minga Social Popular y Comunitaria la propuesta de “Mesas para la paz”, espacios de diálogo con los grupos armados no estatales para abarcar problemáticas más allá del reclutamiento de menores, donde los canales de diálogo ya se habían mostrado efectivos. La Minga Social Popular y Comunitaria fue una plataforma de encuentro de diferentes actores sociales que se consolidó después del estallido social de 2021 en Colombia. En diciembre del año anterior la declaratoria de los pueblos indígenas, sociales y populares por la defensa y cuidado de la vida y la paz, se refirió a lo anterior en los siguientes términos:
A pesar de los logros en materia de reclutamiento de menores, hasta el momento los actores armados no estatales no han manifestado voluntad de diálogo para definir agendas de paz que abarquen problemáticas más amplias en beneficio de las comunidades, manteniendo la zozobra y la violencia. Este actuar puede responder a que la mayoría de los grupos armados no estatales durante el posacuerdo no definen mandos de poder, estructura, zonas de operación y carecen de un fuerte componente político, a diferencia de las extintas FARC o la guerrilla del ELN, aún existente. Este factor posibilitó en el pasado generar acuerdos entre la comunidad y los grupos armados no estatales con la finalidad de evitar el detrimento de la población civil en el marco del conflicto armado. De tal forma, la iniciativa de establecer canales de diálogo con los grupos armados por parte de las comunidades indígenas del Cauca ha logrado consolidar una ruta de acción efectiva para el retorno de menores a las comunidades.
Los logros de esta experiencia se han convertido en un referente para grupos campesinos de la región del Cauca que le apuestan al diálogo como espacio efectivo de resolución de conflictos. Sin embargo, los intentos por consolidar escenarios amplios de negociación durante el posacuerdo en esta zona han evidenciado nuevos desafíos para la población civil, al enfrentarse a actores armados no estatales con intereses netamente económicos que obstaculizan el diálogo.
* Carolina Navia
Es activista colombiana. Abogada por la Universidad del Cauca. Maestrante en Relaciones Internacionales por la Flacso Ecuador.
Publicado: 07 de septiembre del 2022
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