Juan Pablo Vásquez Bustamante

En octubre de 2019 se desarrolló en Chile el conjunto de protestas y movilizaciones sociales más grandes vividas en el país desde la dictadura cívico-militar de Pinochet. Se trató de un estallido social que dio paso a una revuelta popular de varias semanas que cuestionó fuertemente el régimen político y el modelo económico. Frente a esta profunda crisis, y tras casi un mes de una intensa presencia del pueblo en las calles, la mayoría de los distintos sectores políticos con representación parlamentaria acordaron convocar a un plebiscito consultante respecto a un proceso constituyente para elaborar una nueva carta magna, que sería elaborada con participación ciudadana, fruto de un proceso impulsado por el pueblo y que reemplazaría a la constitución heredada de la dictadura. Por otro lado, este acuerdo también fue leído críticamente como una respuesta de la institucionalidad para aplacar la intensidad de las movilizaciones, sostener el orden político y con ello al gobierno.

Este artículo se enfoca en dos hitos fundamentales de este proceso, en primer lugar, el boicot noviolento de estudiantes secundarios consistente en la evasión organizada y en masa del pasaje del metro durante varios días, en respuesta a un alza de su valor impuesta por el Gobierno. Esto fue un detonante que despertó un profundo cuestionamiento de la sociedad chilena e impulsó el estallido social y la revuelta popular. En segundo lugar, la marcha del 25 de octubre, denominada La marcha más grande de Chile, convocó solo en el centro de Santiago de Chile a más de un millón de personas y se constituyó en una respuesta noviolenta al toque de queda, al estado de emergencia decretado y a la declaración de guerra del expresidente Sebastián Piñera.

Si bien el estallido social y la revuelta popular generaron un cuestionamiento estructural que involucró a la sociedad en su conjunto, su hito inicial parecía transitar como un conflicto sectorial a partir de una demanda económica y puntual. Pues, durante más de una semana, cientos de estudiantes secundarios de distintos colegios de Santiago llevaron a cabo un boicot, evadiendo en masa el pago del pasaje del metro al saltar en grupos los torniquetes de las estaciones subterráneas, en respuesta a un alza impuesta por el gobierno en 30 pesos del valor de cada ticket.

Frente a este contexto, las autoridades intentaron minimizar públicamente la situación, y, posteriormente, ante el crecimiento de las evasiones, el expresidente Piñera desplegó a las fuerzas policiales para reprimir a los estudiantes. El viernes 18 de octubre determinadas estaciones del metro estaban cercadas por policías de Fuerzas Especiales, fuertemente armados, para contener una acción noviolenta —la evasión del pasaje— llevada a cabo por jóvenes entre 14 y 18 años.

En ese marco, el gobierno ordenó el cierre de determinadas estaciones de la red, generando un caos en la ciudad —una importante cantidad de personas se aglutinó en torno a las estaciones. Mientras tanto, la policía seguía reprimiendo a los estudiantes quienes continuaban saltando los torniquetes de las estaciones aún operativas. La tarde del 18 de octubre de 2019, una bala de la policía alcanzó la pierna de una estudiante en uniforme de escuela. La imagen se viralizó rápidamente. La ciudadanía respondió saliendo a las calles. El Gobierno ordenó el cierre de toda la red del metro. A las pocas horas, algunas estaciones sufrieron incendios en su interior. Las autoridades culparon a los manifestantes, sin embargo, hasta la publicación de este texto, aún se desconoce a los responsables.

A las pocas horas, la exigencia de revertir el alza del pasaje y de poner fin a la represión policial se transformó en un copamiento de calles y plazas, en saqueos a supermercados y farmacias. La evasión del pasaje del metro se convirtió en un estallido social que se extendió a lo largo de Chile. El Gobierno respondió decretando toque de queda y estado de emergencia, esto significó que los militares ocuparan las calles. A través de una cadena nacional, el entonces presidente, Sebastián Piñera, se declaró en estado de guerra.

En la complejidad de estas evasiones se articulan dos claves. Por una parte, son acciones noviolentas en una lógica más bien pragmática, es decir, no inspiradas en un compromiso ético de evitar la violencia, sino más bien, en función de la efectividad y las herramientas a mano. Esta acción fue desarrollada por estudiantes, pero no se trató del movimiento estudiantil masivo a lo largo de Chile de los años 2006 o 2011, sino de acciones focalizadas en determinados puntos de Santiago y llevadas a cabo por un grupo acotado de estudiantes entre 14 y 18 años, enfrentándose, a través de un boicot que involucraba protesta noviolenta y no cooperación económica contra un actor antagónico poderoso que desplegó su fuerza en contra de los estudiantes, como el Gobierno y la policía.

La segunda clave fue la capacidad colectiva de resignificar la demanda popular tras la evasión, expresada en la frase No son treinta pesos, son treinta años. Es decir, de alguna forma la demanda por el alza del pasaje del metro se transformó en la primera pieza del dominó que empujó a las demás, permitiendo que, desde el 19 de octubre o inclusive el mismo 18 por la noche, hubiese un conjunto de demandas populares desplegadas en las calles, producto de la precarización de la vida tras décadas de neoliberalismo profundo en el país. 

Desde el 19 de octubre, la tensión se agudizó. Varias ciudades en distintas regiones del país estaban bajo estado de emergencia y toque de queda. La afirmación del presidente Sebastián Piñera “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” fue asumida por los manifestantes como una declaratoria de guerra en contra del pueblo chileno. Ante esto, la ciudadanía contestó manteniéndose en las calles durante varios días. En distintos puntos del país se seguían produciendo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además de saqueos a supermercados y grandes cadenas de farmacias. En ese marco, con el correr de los días, surgieron una serie de convocatorias a múltiples marchas para el 25 de octubre, una semana exacta tras los hechos que detonaron el estallido social convertido en revuelta popular.

Aquel 25 de octubre, en distintos puntos del país, se produjeron marchas y concentraciones altamente masivas. Solamente en el centro de Santiago, en un punto neurálgico rebautizado como Plaza Dignidad, acudieron más de un millón de personas con consignas relativas a demandas populares cuyo elemento articulador era la precariedad material producto de la mercantilización de los diversos aspectos de la vida bajo el modelo neoliberal. Así mismo, con mayor nivel de profundidad, existía en las calles una subjetividad cuestionadora del orden político histórico autoritario, conservador y centralizador del poder, el denominado régimen portaliano, y su vinculación con el orden social segregador presente en América Latina como secuela del orden colonial.

Se trataba de una concentración masiva de personas que expresaba distintas identidades y subjetividades presentes en Chile, carecía de algún tipo de conducción y liderazgo y se manifestaba inorgánica, expresado inclusive en la manera de ocupar la calles sin tener una cabecera o ruta de la marcha. Aquella tarde, el elemento que unificaba estas distintas expresiones era un trasfondo de cuestionamiento al orden político y social en Chile y, en una mirada más inmediata, una respuesta multitudinaria a las políticas represivas del gobierno de Sebastián Piñera, expresada en la bandera gigante que rezaba la frase No estamos en guerra.

Este conjunto de marchas se constituyó en un elemento de fuerza y de legitimación del proceso vivido en el país. Si bien no cambió estructuralmente la situación, obligó al gobierno a retroceder en cuanto al estado de emergencia y el toque de queda y lo empujó a una errática política comunicacional.

Todo este proceso de estallido social y revuelta popular presenta acciones noviolentas y también una legitimación de respuestas violentas de grupos específicos ante la represión. Sin embargo, estos dos hitos planteados se constituyeron en verdaderas palancas que empujaron el proceso y dotaron de contenido, masividad, adhesión social y de un componente emotivo y cultural al desarrollo de la revuelta popular en Chile. Se otorgó una fuerza y legitimidad que le permitió mantenerse por varios meses cuestionando el orden político y social chileno, y exigiendo transformaciones estructurales.    

Juan Pablo Vásquez Bustamante

Chileno. Oriundo de San Francisco de Mostazal, actualmente vive en Santiago de Chile. Profesor de Historia, magíster en Estudios Internacionales y doctor en Estudios Americanos con especialidad en Estudios Internacionales.

Publicado: 02 de febrero del 2023