La región sureste de la Amazonía ecuatoriana está atravesando un profundo proceso de transformación debido a la implementación del primer megaproyecto minero del país: el Proyecto Mirador. Ubicada en la Cordillera del Cóndor, esta área es una zona fronteriza tanto geográfica como administrativamente, marcando los límites entre las provincias ecuatorianas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, así como la frontera nacional entre Ecuador y Perú.
Un breve repaso histórico nos remonta a finales de la década de 1990, cuando la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) llegó a la zona con el objetivo de explotar sus ricos yacimientos de cobre. La llegada de esta empresa desencadenó un proceso de transformación con dos consecuencias principales: el despojo territorial de las comunidades originarias y un grave deterioro ambiental. Estas acciones han afectado profundamente los recursos naturales esenciales, como la tierra y el agua, provocando fuertes conflictos socioambientales.
Frente a esta situación, surgió un movimiento de resistencia compuesto por una alianza de ecologistas populares, pequeños agricultores, ganaderos locales e indígenas de la nacionalidad Shuar. Desde el inicio del proyecto minero, la protesta ha sido constante, manifestándose en distintos episodios de escalada de tensiones, los cuales han sido documentados en diversos estudios, como La Amazonía Minada: Minería a Gran Escala y Conflictos en el Sur del Ecuador. Estos conflictos han evolucionado a través de diversas alianzas y niveles de movilización política, abarcando lo local, regional, nacional e incluso internacional. Los actores involucrados ven en estos recursos naturales la base de su supervivencia, y sus demandas se sitúan en el terreno de la justicia ambiental.
Estas dinámicas sociales dieron como resultado que emergiera uno de los principales motores de la resistencia en la zona, actualmente: la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor (Cascomi). Anteriormente conocida como Asociación Cóndor Mirador (Ascomi), esta organización obtuvo en 2014 el estatus legal de comunidad indígena, lo que ha fortalecido su capacidad para sostener sus reivindicaciones.
Con el respaldo de organizaciones de derechos humanos de Quito, en especial INREDH, Cascomi ha implementado diversas estrategias para defender y reivindicar sus derechos colectivos. Aunque la mayoría de sus integrantes son de origen mestizo, la comunidad fundamenta su denominación y registro como comunidad indígena en su carácter colectivo y su profundo arraigo en la Cordillera del Cóndor. Esta decisión también puede interpretarse como una estrategia pragmática, diseñada para proteger su territorio bajo el amparo de los derechos colectivos e indígenas reconocidos por el Estado ecuatoriano.
Las iniciativas de Cascomi descritas aquí están entrelazadas con formas más tradicionales de resistencia, como movilizaciones y protestas convencionales (manifestaciones, bloqueos de vías, ocupación de espacios), además de diversas acciones legales de distinto alcance. También incluyen formas de resistencia creativas, que aprovechan de manera estratégica los recursos e instrumentos del Estado en su beneficio, particularmente en áreas como la consulta previa, el monitoreo ambiental y la planificación del ordenamiento territorial y el desarrollo. Estas estrategias se detallan en estudios como Resistencia antiminera en espacios formales de gobernanza: El caso de Cascomi en Ecuador y Minería a gran escala en el Proyecto Mirador, Ecuador: Conflicto, resistencia y etnicidad.
Sin embargo, entre las acciones que se practican, es interesante destacar las iniciativas de construcción de conocimiento científico alternativo y contrahegemónico como formas de resistencia noviolenta. El líder de Cascomi, Luis Rodrigo Sánchez Zhiminaycela, denominó como “una nueva ciencia de resistencia”, en una entrevista que sostuve con él en 2015.
Esta ciencia de resistencia surge como la necesidad de contrarrestar la generación de conocimiento técnico-científico sobre los impactos y transformaciones ambientales provocados por los megaproyectos mineros, que es un elemento clave para gestionar los conflictos socioambientales derivados del extractivismo. Los informes oficiales, incluido el Estudio de Impacto Ambiental obligatorio, suelen estar controlados por el Estado y la empresa concesionaria, lo que introduce un sesgo claro a favor del proyecto, legitimando su desarrollo.
A pesar de que existen procesos participativos vinculados a estos procedimientos, las comunidades locales afectadas tienen escasas oportunidades de influir realmente en las decisiones sobre las alteraciones a su entorno natural, que también es su medio de subsistencia. Por ejemplo, si la empresa minera o el Estado emiten un informe que minimiza los impactos del proyecto sobre la calidad del agua, las comunidades afectadas se enfrentan a grandes dificultades para refutar esa información de manera efectiva.
En ese contexto de necesidad de implementar alternativas de construcción de conocimiento científico alternativo es donde la «ciencia de resistencia» noviolenta cobra especial relevancia en el caso que nos ocupa. La resistencia antiminera liderada por Cascomi implementó diversas iniciativas para medir la calidad del ecosistema y evaluar los impactos ambientales mediante el uso de bioindicadores. Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con organizaciones independientes y centros de investigación, como Acción Ecológica de Quito, E-Tech de Estados Unidos, y con el apoyo del ingeniero y profesor William Sacher.
En mi caso, como investigador del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica de Loja, tuve la oportunidad de participar en uno de estos procesos de construcción de conocimiento científico contrahegemónico, trabajando junto a las comunidades afectadas por el Proyecto Mirador.
Específicamente, se desarrollaron tres iniciativas de monitoreo participativo de bioindicadores ambientales, con dos objetivos principales: generar información científica alternativa sobre los impactos ambientales en la zona e involucrar a la población local en el proceso de producción de conocimiento. De esta forma, se buscaba eliminar las barreras entre el lenguaje científico y los formatos técnicos de difícil acceso, conectándolos con la experiencia directa de la comunidad sobre la contaminación y los cambios ocurridos en su entorno.
La experiencia completa, con sus dilemas y dificultades, se encuentra detallada en el artículo académico, ¿Ciencia de resistencia? Monitoreos ambientales participativos en contextos de conflicto ambiental. Reflexiones desde una mirada decolonial. Aunque algunas experiencias de «ciencia de resistencia» en el Proyecto Mirador lograron mayor impacto que otras, en este caso particular surgió una sensación de fracaso, dado que los resultados de los monitoreos no fueron reconocidos como válidos por la autoridad ecuatoriana del agua (Senagua) en una denuncia presentada por la comunidad contra la empresa. En específico, la “ciencia de resistencia” no fue efectiva porque Senagua desestimó los resultados al no haber sido obtenidos por un laboratorio acreditado y certificado, a pesar de que la técnica de monitoreo basada en bioindicadores ambientales está ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional. No obstante, el proceso reveló oportunidades para explorar formas alternativas de construcción de conocimiento científico, además de promover la participación activa de la comunidad, lo que contribuyó a fortalecer su cohesión interna y empoderamiento.
Lo que caracteriza a la resistencia noviolenta, tanto en este caso como en otros documentados en la literatura sobre conflictos y resistencias, es precisamente la capacidad de utilizar múltiples recursos, adaptándolos y transformándolos de manera continua. Estas acciones se conectan y retroalimentan de manera constante y creativa, generando nuevas vías y espacios de resistencia y reexistencia para las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, soy consciente de la vulnerabilidad de estas estrategias de resistencia civil. Comparado con el caso de Intag (Imbabura), el proceso de consulta popular en el cantón Girón (Azuay) y el proceso legal en Sucumbíos por parte de los Cofanes de Sinangoe, casos exitosos en Ecuador de movilización contra la extracción minera, el caso de El Mirador no es un ejemplo ilustrativo sobre cómo las estrategias de resistencia civil pueden ser efectivas para detener las actividades del proyecto minero, ya que las actividades extractivas siguen en marcha con los procesos de despojo y daño ambiental al entorno y las comunidades que lo habitan.
Sin embargo, a nivel de estudios socioambientales críticos y como experiencias de resistencia noviolenta, es relevante el mero hecho de reconocer intentos de generar alternativas a los modelos dominantes a través de procesos de repolitización, a pesar de ser frágiles y discontinuos.
Doctor en Paz, Conflictos y Democracia, con especialización en Conflictos Ambientales, y profesor en la Universidad de Córdoba. Es investigador en la South Training Action Network of Decoloniality (Stand UGR) y colabora con el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. De 2013 a 2015, trabajó en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador, realizando investigación de campo, y ha mantenido colaboraciones periódicas desde entonces.
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