Maria Zeballos

Las medidas o tácticas de protesta —conocidas también como actos disruptivos o métodos de lucha— son todas aquellas acciones que los grupos llevan a cabo para enfrentar la autoridad cuando perciben injusticias y agravios ignorados largamente por quienes están en el poder. Son actos manifiestos que pueden ser registrados detalladamente como lo hacen los centros de monitoreo de conflictos cuyas bases de datos se constituyen en registros históricos de la protesta social. Ejemplos de estos repositorios son el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en Bolivia, que inició sus registros en el año 1970; y, la Fundación Unir Bolivia y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), en Chile —ambos reportan desde el 2010. Con el propósito de conocer las dinámicas de las acciones de protesta, realizaremos un análisis comparativo entre Bolivia y Chile, usando los datos de estos centros de monitoreo.

La antigüedad del Ceres nos permitió conocer que a lo largo de los años hay medidas de presión que se van descartando y otras que se van adoptando y volviéndose más populares. Es el caso de la huelga indefinida que era muy aplicada en Bolivia entre los años setenta y principios de los noventa y la huelga por tiempo definido —de 24 o 48 horas, etcétera— que duró un poco más: hasta comienzos del 2000. Mientras que la huelga de hambre es la que menos se utilizó y tuvo presencia principalmente entre el 1991 y 1997. A partir del 2000, la aplicación de las huelgas comenzaron a desaparecer en el registro. La táctica está muy ligada a la acción de grupos con demandas laborales y es una acción que el Ceres clasifica como pasiva porque los individuos protestan dejando de hacer algo cotidiano que, en este caso, es el trabajo. Esta tendencia también se ve en el registro de COES, donde la huelga y paro de actividades disminuyen en los datos a partir de 2016 —y aunque es un registro más corto, hay el indicio.

Por el contrario, acciones de protesta como las marchas comienzan a tener protagonismo desde finales de los ochenta. En ese entonces este método era el medio más utilizado por los movimientos mineros y estudiantiles que exigían la elección de autoridades estatales y el fin de la dictadura en Bolivia. La marcha quedó como un método pacífico y efectivo hasta la actualidad y muchos grupos la utilizaron como forma de resistencia y protesta en Bolivia. Es el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía en los años noventa que lograron la modificación parcial de la Constitución y su inclusión con identidad en el Estado, o grupos vulnerables como las organizaciones de discapacitados en Bolivia que marcharon 383 kilómetros en el 2016 para mejorar las condiciones de su renta social.

Pero, también es llamativo que en los registros más nuevos como Unir y COES se está notando una leve tendencia a la disminución de la marcha en los últimos años, quizás porque es un método sacrificado ya que consiste en un desplazamiento a pie por largos kilómetros a través de las carreteras y no es hasta la llegada del grupo a su destino político que recién aparece la oportunidad de negociación, como sucedió en los ejemplos citados. Ambas medidas —la huelga y la marcha— son desgastantes, y al menos en Bolivia, en el último tiempo se percibe que el gobierno confía en este desgaste para superar y ganar el conflicto, disminuir la fuerza de la protesta y desanimar las intenciones subversivas de otros grupos. Quizás esta estrategia del poder explique que en los datos de la Fundación Unir se refleje cierta tendencia en la disminución de las medidas iniciales del grupo como el anuncio o amenaza de medidas de presión, que era importante hasta 2015. Sin embargo, a partir de ese año comienza a ser poco registrada dando a entender que los grupos están yendo directamente a la acción, obviando la etapa de la negociación antes de iniciar el conflicto.

Otro momento previo al conflicto es la medida conocida en Bolivia como “estado de emergencia” que muestra un leve aumento desde 2017. Esta medida de bajo impacto —diferente al régimen de excepción gubernamental— es cuando el grupo se declara en disposición de iniciar el conflicto abierto si no se supera la demanda en estados previos. Generalmente es un método utilizado por organizaciones sociales de alta jerarquía que ostentan prestigio frente al gobierno y la sociedad —como la Central Obrera Boliviana— y que por esta posición logran sus demandas con menor esfuerzo. El estado de emergencia también es aplicado por estas organizaciones cuando se reúnen en torno a los movimientos sociales y en conflictos críticos, como las elecciones nacionales del 2019 donde la apuesta fue por la legitimidad del proceso y un posicionamiento en la defensa del Estado frente a protestas de otros grupos que perciben como desestabilizadores.

En cambio, la acción denominada concentración, vigilia, plantón, mitin está tomando protagonismo en Bolivia en los últimos tres años antes de la pandemia. Se puede decir que tiene potencial de efectividad pues se relaciona estadísticamente con la crisis de gobernabilidad, equiparable en efectividad con la acción de destrucción de bienes. Para la teoría de la resistencia civil es alentador este dato porque se trata de una manifestación principalmente pacífica. Aunque en otros contextos como Chile las medidas noviolentas todavía no son la finalidad de la estrategia ya que las manifestaciones meramente pacíficas y democráticas como asambleas, deliberaciones y actos con oradores tienen una presencia débil en el espectro y no experimentan cambios en el tiempo.

Lo preocupante es que se están aplicando medidas de base violenta. En Bolivia, el cerco a las ciudades era una medida antigua y casi excepcional, pero comenzó a recobrar vigencia en el 2018 con mayor protagonismo en las crisis electorales de 2019 y 2020 —y continúa presente. Esta medida tiene una carga simbólica pues se hereda de las sublevaciones indígenas contra la colonia española que es adoptada por grupos étnicos y campesinos, pero que hoy en día tiene una base violenta porque busca privar de alimentos e insumos básicos a los habitantes de una ciudad en conflicto. Este conflicto es más de tipo ideológico que sectorial, es decir, que se aplica cuando se percibe una amenaza a la estabilidad política o contra grupos que se consideran opositores al gobierno.

Es importante definir cómo se mide la violencia en el conflicto social. En la  metodología de Unir, utilizada para medir la conflictividad en Latinoamérica, se asigna un valor del uno (01) al cinco (05) a cada manifestación en relación a la presencia de fuerzas policiales, represión, saldo de heridos y fallecidos y afectación a la estabilidad del gobierno. No todos los registros asignan este valor directamente, la información está contenida en otras variables que permiten identificar la radicalidad en otros contextos como en Chile y hacer la comparación con Bolivia. Con este procedimiento deducimos que las medidas más violentas en ambos países son las mismas: bloqueo, cortes y tomas de carreteras, toma u ocupación de instalaciones y edificios. Incluso las que se consideran pacíficas como concentraciones, mítines y marchas urbanas tienen mayor preponderancia a experimentar represión policial y arresto de manifestantes. En Chile, los saqueos a tiendas y supermercados y el ataque a carabineros sufrieron un ligero aumento entre 2019 y 2020. Los grupos clasificados como irregulares en el COES son los más violentos porque se relacionan con el uso de armas de fuego, explosivos, saqueos, incendios de vehículos, predios y edificios, destrucción de propiedad privada, ataque a transeúntes, ataques a la policía. Aunque se podría pensar que se refieren a grupos paraestatales están relacionados con demandas  de identidad, patrimonio o memoria por la defensa de territorios ancestrales y los derechos humanos. Incluso, los grupos civiles identificados con demandas sociales relacionadas a valores y creencias, referidos a la defensa de identidad cultural y de género y que se manifiestan principalmente a través del arte, presentan agresiones entre manifestantes.

De la misma forma se puede asignar un valor a las manifestaciones en los registros del Ceres (1970 a 2019) e indagar en la historia de los conflictos de los últimos cincuenta años en Bolivia. En primera instancia encontramos que los años más violentos fueron 1971, cuando ocurrió el golpe militar de Hugo Banzer, y 2008, el último año de la Asamblea Constituyente. En Chile, los años más violentos del registro fueron 2019 y 2020, los años del denominado estallido social. Preliminarmente, estos ejemplos coinciden con la teoría marxista de que los conflictos más violentos se dan en crisis históricas donde las sociedades están sumergidas en contradicciones ideológicas sobre la forma societal y en la búsqueda de cambios drásticos de régimen y del orden cotidiano de las cosas —claro que no es la regla.

Finalmente, en los últimos treinta años, Bolivia y Chile experimentaron un aumento en la aplicación de tácticas de protesta noviolenta, periodo coincidente con la instauración de la democracia y la ampliación de derechos ciudadanos. Los datos expresan el indicio de que estas medidas tienen una efectividad similar que las acciones violentas en lograr objetivos de gran impacto como mover los cimientos del Estado. Además, la resistencia civil ofrece un mayor espectro de acciones para los grupos y los movimientos, acciones que requieren ser reforzadas especialmente en tiempos de crisis política cuando hay grupos más dispuestos a tomar medidas extremas. Las prácticas más democráticas y deliberativas que pueden fomentar la reunión del grupo hacia la aclaración de metas bajo principios pacíficos puede constituirse en un importante soporte para la movilización que busca desafiar el poder.

Maria Zeballos

Es antropóloga boliviana, investiga la formación de alianzas de protesta entre organizaciones sociales en los conflictos sociales en Bolivia para la tesis de Maestría en Teoría Crítica en el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés.