Luis Idme Ccajma

La corrupción es un problema que afecta a todos los niveles y sectores de la sociedad. Para hacerle frente a este problema social, que involucra tanto a gobiernos nacionales como subnacionales, se requiere una combinación de elementos fundamentales. Entre ellos se encuentran la capacidad de indignación, el respeto a los valores democráticos y la construcción de confianza ciudadana. Hay que agregar, además, que la participación activa y responsable de organizaciones civiles dedicadas a la vigilancia ciudadana es crucial: pueden convocar a la ciudadanía para enfrentar este desafío.

En octubre de 2013, David Mamani Paricahua, quien ejercía como alcalde de la provincia de San Román en el departamento de Puno, al sur del Perú, había permanecido siete años en el cargo. San Román tiene su sede administrativa en Juliaca, la capital de la provincia y la ciudad más poblada del departamento, con alrededor de 350 mil habitantes. Esta provincia posee considerables recursos económicos públicos gracias al proceso descentralista peruano. Mamani Paricahua se encontraba en el tercer año de su segundo mandato como alcalde, tras haber sido reelegido en 2010.

Durante su primer mandato, y parte del segundo, surgieron numerosas acusaciones judiciales que sembraron dudas sobre la transparencia en la gestión municipal. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones estaba respaldada por pruebas sólidas y parecían estancadas en las investigaciones fiscales. Ante este escenario, las organizaciones civiles a nivel barrial, urbano y de las zonas periféricas de la provincia comenzaron a fortalecerse progresivamente. Esto implicó no solo el fortalecimiento de organizaciones ya establecidas como la Asociación Central Única de Barrios Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Juliaca (Acubupj) y la organización de presidentes de las Cuatro Zonas de Juliaca, sino también una mayor articulación social entre los sectores populares, que incluyen comerciantes, transportistas y sindicalistas.

Los líderes sociales de la provincia parecían haber comprendido que la lucha contra la corrupción no estaba generando impactos significativos. Por lo tanto, optaron por cambiar su estrategia. Con el objetivo de influir en la opinión pública local, los portavoces políticos enfocaron su discurso en el aumento de las tasas municipales y del impuesto predial municipal, cuestiones que afectaban directamente la economía de las familias locales.

La organización social fue clave para influir en una autoridad local que contaba con el control de medios, el personal municipal encargado de la seguridad ciudadana e, inclusive, ejercía influencia en los niveles judiciales y contaba con conexiones políticas a nivel nacional. Para el 12 de octubre del 2013, los dirigentes comunicaron el inicio de una movilización por 72 horas, aunque con posibilidades de éxito mínimas. Esto se pudo reflejar cuando los transportistas de la ciudad anunciaron su apoyo “indirecto” a la protesta.

Diez días después, la dirigencia civil convocó a una concentración el 22 de octubre. Para esa fecha, la municipalidad provincial tenía agendada la actividad oficial (Corso de la Integración Andina) donde participaron diversas organizaciones de danzas con motivo de las celebraciones de un nuevo aniversario de creación de la provincia. Los pocos manifestantes interrumpieron la actividad, sin embargo, a partir de ese momento, la población respondió al llamado de la dirigencia, quienes convocaron a realizar acciones noviolentas como un boicot, una movilización ciudadana y concentraciones en distintos puntos. La ciudad estaba inmovilizada.

En el segundo día de protesta, es decir, el 23 de octubre, la serenata de aniversario de la provincia de San Román, se suspendió por la movilización en escalada. El alcalde Mamani, a través de las redes sociales de la municipalidad provincial, anunció la nulidad de los cobros de impuestos prediales municipales e, incluso, otorgó amnistías. Esto no fue suficiente porque, claramente, la lucha social consistía en exigir mayor transparencia sobre el manejo de recursos públicos.

Para el 24 de octubre, el día del aniversario de la provincia, los medios de comunicación local informaron que la ciudad amaneció suspendida en casi todas sus actividades. Hubo una concentración masiva en la plaza principal, posiblemente, la más representativa en las últimas décadas. A pesar de que algunos sectores violentos atacaron la vivienda del alcalde Mamani, la acción colectiva fue pacífica. La dirigencia, pese a no contar con instrucciones en resistencia civil, mantuvo una protesta serena y cívica como expresión ciudadana de lucha contra la corrupción en ámbitos subnacionales.

Por otra parte, frente a la contundente movilización, las fuerzas policiales locales se limitaron a controlar posibles disturbios. El jefe policial departamental, además, acompañó a la delegación de la Comisión del Gobierno Nacional a una reunión con organismos independientes para abordar el caso. Cabe decir que la presión ciudadana evitó la represión policial y condenó cualquier indicio de violencia.

La Comisión del Gobierno Nacional tuvo características mediadoras. Se contó con la participación de entidades estatales como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Un primer intento de acercamiento para un diálogo de las partes ocurrió el mismo día de aniversario de la ciudad, pero el alcalde no asistió. Esto motivó la continuidad de las movilizaciones en la ciudad, hasta que finalmente hubo una tregua. La comisión de dirigentes locales logró el compromiso de las autoridades políticas y judiciales de realizar un control de la gestión gubernamental local (accountability). En ese sentido, la Contraloría identificó hallazgos importantes de presuntos actos de corrupción.

Los diálogos se prolongaron hasta la noche del 28 de octubre de 2013, cuando se logró reunir al pleno del consejo municipal de San Román, así como a una comisión política del gobierno, que incluía al gobernador de Puno, representantes de la oficina de conflictos sociales y líderes políticos gubernamentales. También estuvieron presentes las fuerzas de seguridad y entidades independientes, como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Tras un intenso debate, se acordó otorgar una licencia obligatoria de 30 días al alcalde Mamani y transferir temporalmente el mandato municipal a una legisladora del Concejo Municipal mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes. Este acuerdo condujo a la suspensión de las movilizaciones, dando lugar a una vigilancia organizada después de ocho días de protestas.

La segunda etapa se caracterizó por un enfoque cauteloso hacia la gestión subnacional, destacándose como una fase significativa del proceso. Después de los 30 días, el alcalde retomó su cargo y completó su mandato hasta el 31 de diciembre de 2014. Durante ese tiempo, la sociedad civil se fortaleció en su labor de vigilancia ciudadana, supervisando la gestión municipal y observando el progreso de las investigaciones en curso. De acuerdo con las normativas de control y auditoría peruanas, es factible congelar las cuentas municipales, medida que se implementó en este caso. Esto tuvo como resultado que el alcalde no pudiera realizar gastos ni inversiones mientras durara la auditoría.

Poco después, el principal funcionario municipal fue arrestado y se hicieron públicos los resultados de la evaluación de su gestión, lo que transformó el caso en un tema de interés nacional. Al concluir su mandato como líder local, las autoridades judiciales emitieron órdenes de detención contra David Mamani Paricahua y miembros de su círculo político. La exautoridad evadió la justicia y se fugó. Surgieron múltiples casos de corrupción, que incluyeron la sobrevaloración de obras, desvío de fondos, sobornos y licitaciones fraudulentas, entre otros delitos. En 2016, la Policía logró capturar a la exautoridad municipal, David Mamani, por su participación irregular en la adquisición de cámaras de videovigilancia. Después de un año prófugo, fue recluido en un establecimiento penitenciario en Puno, donde un año más tarde perdió la vida de manera violenta.

Tanto su ascenso como su posterior caída dejaron una huella indeleble en la lucha contra la corrupción en esta ciudad del altiplano peruano. Como consecuencia, se implementaron diversas modificaciones en las normativas nacionales, como la prohibición de reelección de autoridades subnacionales, la implementación de medidas anticorrupción y la creación de mecanismos para facilitar denuncias anónimas. A pesar de estos esfuerzos, los delitos relacionados con la corrupción no han disminuido significativamente. Una década después, este caso aún continúa en proceso de investigación.