Marian Mejía

Desde el año 2001, la Asociación de Mujeres Negras y Afrodescendientes Defensoras de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado del Putumayo (ASOMUNEP) ha sido un espacio de resistencia, cuidado y dignidad para mujeres negras afectadas por la guerra y el racismo estructural. Nació como una respuesta colectiva frente a la violencia sexual ejercida durante el conflicto armado y a las múltiples formas de discriminación que persisten en los territorios del sur colombiano. A lo largo de los años, ha tejido una red de apoyo donde las mujeres se acompañan, comparten saberes y construyen juntas caminos de reparación, memoria y justicia desde una raíz profundamente comunitaria y ancestral. Su trabajo se extiende en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Villagarzón y Mocoa, donde promueven una forma de acción noviolenta arraigada en su justicia ancestral: una práctica que prioriza la resolución pacífica de conflictos, el respeto a la cultura propia y el reconocimiento de sus formas organizativas tradicionales.

En esos territorios, marcados por el cruce de violencias armadas y olvidos institucionales, las mujeres de ASOMUNEP han levantado una barrera comunitaria hecha de palabra, mediación y autoridad ancestral. La presencia de actores armados ha significado no solo riesgos permanentes, sino también la pérdida de vidas de líderes y lideresas. Frente a ese contexto de amenaza, la organización ha optado por el diálogo como vía de protección. Mujeres mayoras y sabedoras —reconocidas como autoridades en sus comunidades— han ejercido un papel fundamental como mediadoras. En distintos momentos, han sostenido conversaciones con grupos armados al margen de la ley, negociando su no ingreso al territorio o buscando acuerdos para disminuir la confrontación. Su palabra ha sido escudo, y su liderazgo, una forma de resistencia no armada que se sostiene en el respeto, la dignidad y la fuerza colectiva.

Ese ejercicio de mediación no se limita al plano externo. ASOMUNEP ha fortalecido también mecanismos de conciliación al interior de las comunidades, inspirados en su justicia ancestral. A través del espacio “Conciliadoras en Equidad”, forman a sabedoras y sabedores en la resolución de conflictos comunitarios, asegurando que ese conocimiento no se pierda y que las nuevas generaciones continúen cultivando formas propias de justicia y convivencia.

Al tiempo que enfrentaban las amenazas externas de la guerra, las mujeres también lidiaban con violencias que habitaban más cerca: en sus hogares, en sus relaciones, en sus cuerpos. ASOMUNEP ha construido una ruta de género que acompaña a mujeres víctimas de violencia con una apuesta profunda por sanar y transformar desde la acción noviolenta. En un contexto atravesado por la violencia intrafamiliar y los impactos diferenciados del conflicto armado sobre los cuerpos de las mujeres negras, esta estrategia combina protección, autocuidado y empoderamiento. Una de sus acciones más significativas ha sido establecer una red de seguridad entre las propias integrantes: un sistema comunitario de cuidado donde cada mujer reporta sus horarios de entrada y salida del hogar, generando una vigilancia solidaria que disuade posibles agresiones y fortalece la confianza mutua.

La ruta de género también contempla el acceso a asesorías económicas, educativas, laborales y sociales, diseñadas para promover la inclusión plena de las mujeres en la vida comunitaria. Desde allí, ASOMUNEP impulsa procesos de autonomía económica vinculados a la identidad cultural. Las mujeres que hacen parte de la organización participan en emprendimientos colectivos donde se elaboran productos gastronómicos, se confeccionan trajes típicos, turbantes y otras piezas textiles que recuperan la memoria de sus ancestras. Además, promueven prácticas ancestrales como la medicina tradicional y la partería, afirmando así una forma de vida que resiste al despojo cultural y material. En estos espacios, no solo generan ingresos: también reconstruyen dignidad y poder compartido.

En su búsqueda de verdad y reparación, ASOMUNEP también ha tocado las puertas de la institucionalidad. Acudió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, reconocer a las víctimas y garantizar que hechos similares no se repitan. En este sistema, la organización presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe detallado sobre las violencias sexuales cometidas contra mujeres negras y afrodescendientes durante el conflicto armado, con la intención de que estos crímenes fueran reconocidos como parte de las afectaciones sufridas por comunidades étnicas. Más que un acto jurídico, esta acción representó una forma de resistencia civil noviolenta: una exigencia colectiva para que el Estado reconociera la gravedad de estas violencias y garantizara justicia sin armas, pero con dignidad.

Sin embargo, el camino institucional no ha sido fácil. A pesar del rigor del informe y del derecho que les asiste como comunidad negra y afrocolombiana, las autoridades judiciales les negaron el acceso a la ruta étnica, argumentando que su presencia no estaba concentrada en un único territorio. La decisión puso en evidencia una comprensión limitada y reduccionista de las formas de organización negras y afrocolombianas, que desatiende la diversidad territorial y cultural de estas comunidades, e invisibiliza sus dinámicas propias de organización y resistencia.

La historia de ASOMUNEP es la de una resistencia tejida con paciencia, firmeza y dignidad. Su capacidad para mediar con actores armados sin recurrir a la violencia, su apuesta por la protección y el empoderamiento de las mujeres en medio del conflicto, y su insistencia en abrir caminos dentro de la institucionalidad, aun cuando esta les da la espalda, son prueba de una acción noviolenta que no se resigna. En 2022, ese compromiso fue reconocido públicamente con el premio Titanes Caracol, que valoró su esfuerzo por promover la equidad, rescatar las prácticas ancestrales y sostener la vida comunitaria en contextos adversos.

Pero el reconocimiento social no siempre encuentra eco en las instituciones del Estado. Cuando presentaron su informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron excluidas de la ruta étnica bajo el argumento de que no habitaban un territorio colectivo único. La decisión puso en evidencia una visión reduccionista por parte del sistema de justicia, incapaz de comprender las formas organizativas propias de los pueblos negros y afrodescendientes, cuyas comunidades se articulan más allá de una lógica territorial homogénea. Este desconocimiento institucional no solo excluye; también perpetúa la invisibilidad que ASOMUNEP lleva años enfrentando.

Aun así, ASOMUNEP persiste. En sus prácticas de cuidado, en sus redes de justicia ancestral, en sus emprendimientos comunitarios y en su defensa incansable de los derechos de las mujeres negras del Putumayo, encarna una forma de acción noviolenta que no idealiza el pasado, sino que construye presente y futuro. Porque para ellas, la paz no es pasividad: es una lucha activa, cotidiana, amorosa y radical. Una forma de sostener la vida desde el poder colectivo.

Marian Mejía

Doctorante en Estudios Internacionales en FLACSO Ecuador, donde previamente obtuvo el título de magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Conflicto. Su investigación actual se centra en la incidencia de las diásporas en la justicia transicional colombiana. Como politóloga, es experta en métodos alternativos de resolución de conflictos, justicia transicional y construcción de paz. ¡Más caleña que la lulada, ve!