Linda Y. Posso Gómez

Suele escucharse en el argot popular que cuando el río suena, piedras trae. En nuestra comunidad traía, además, vida, alegría y esperanza. Pero, ya no suena el río. Ya no trae piedras, ni peces, ni canta, ni ríe, ni llora. Pareciera que no termina la época en que este río de aguas vivas fue convertido en un río de sangre, semejante a esa época de conflicto y violencia que queremos dejar atrás, pero que cada día se transforma. Esta es la historia de una comunidad negra que ha resistido a uno de los mayores conflictos ambientales en la historia colombiana en las últimas décadas: el ecocidio del río Anchicayá.

Anchicayá es un territorio ubicado en la zona rural del distrito de Buenaventura (Colombia), uno de los puertos más importantes de América Latina. Está conformado por nueve consejos comunitarios de comunidades negras y en él cohabitan cerca de seis mil habitantes, aproximadamente. Para ellos, la preservación del legado ancestral, la práctica cultural y su relación con el entorno como medio de vida, son fundamentales.

A finales del siglo XX e inicio del siglo XXI hubo la llegada de varios actores armados a diferentes lugares del Pacífico colombiano, pero en Anchicayá aún no llegaban —aunque se esperaba que así fuera porque ya había incursiones en Buenaventura. Solo existían rumores, tan fuertes que provocó el desplazamiento de muchas personas. Sin embargo, una mañana del 23 de Julio del 2001, en esta zona rural de Buenaventura, nadie imaginó que habrían de “asesinar” el río Anchicayá.

La Empresa de Energía del Pacifico (EPSA, Unión Fenosa), hoy conocida como Celsia, abrió las compuertas de descarga de la central hidroeléctrica del bajo Anchicayá. Se estima que durante treinta días se derramaron 500.000 metros cúbicos de lodo acumulado y putrefacto en estas aguas. Esto provocó la colmatación del río y grandes afectaciones al ecosistema y a las comunidades, para quienes el río es un medio de vida, es la principal fuente económica, de alimentación y transporte.

Las y los anchicagüeños emprendieron un proceso de lucha jurídica que se fortaleció a través de la incidencia, la movilización y el desarrollo de métodos de persuasión y protesta, esto es lo que se conoce como una combinación de acciones convencionales con el ejercicio de la resistencia civil. Luego del derrame de lodo en el río, la comunidad denunció y el Ministerio de Ambiente abrió, en septiembre de 2001, una investigación en contra de la empresa EPSA. Ese fue el inicio de un largo camino para buscar la protección de derechos a estas comunidades en Buenaventura.

Una cronología de algunos hechos relevantes permitirá entender con mayor brevedad hitos importantes de este caso, que a la fecha de escribirse este artículo y pese al fallo definitivo a favor de las comunidades, pareciera que no tiene fin.

Por mucho tiempo, la empresa EPSA no reconoció su responsabilidad frente al daño causado, también justificó su accionar afirmando que la descarga respondía a acciones de rutina, como el mantenimiento de la represa, y señalaron que la falta de sedimentación se debió a las actividades de deforestación desarrolladas por los habitantes de la zona. La empresa, hasta entonces presuntamente responsable de los daños, agregó además que todas las acciones emprendidas por la comunidad eran improcedentes. Así, entre denuncias, pronunciamientos, revocaciones, nulidades y apelaciones, pasó casi una década. En el 2009, hubo sentencias de primera y segunda instancia que fallaron a favor de las comunidades. En 2013, Naciones Unidas hizo una solicitud al Estado colombiano para que informe sobre este caso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso con el nombre de Comunidad afrodescendiente del río Anchicayá —el apoyo de actores internacionales, tal como lo han planteado académicos de la noviolencia, contribuyó a fortalecer la causa de este proceso de resistencia civil.

En 2021, una sentencia reconoció la indemnización para las comunidades afectadas y emitió una condena a la empresa dueña de la hidroeléctrica, a la autoridad ambiental del Valle del Cauca (CVC) y al Estado colombiano. La sentencia generó múltiples reacciones. La empresa demandada reconoció el fallo y dijo que acatará la decisión. A finales del 2022, ellos afirmaron haber pagado la indemnización desde el 22 de marzo del mismo año. No obstante, algunos líderes de la comunidad piensan que el fallo y el modo de proceder frente a la indemnización resultó contraproducente porque puso en riesgo a las comunidades para acceder a los recursos económicos como reparación.

Mientras la empresa EPSA solicita a la entidad encargada de administrar y garantizar la entrega de dichos recursos a la población identificada, esta señala que no hubo tales afectaciones o al menos no en la magnitud que las comunidades argumentan. EPSA asegura que “no es cierto que el río este muerto ni que la represa esté en malas condiciones”. El río Anchicayá ya no es el mismo, pero a pesar de tantas afectaciones que vivió y de la contaminación de la cual todavía quedan vestigios, este río se resiste a morir y sus comunidades luchan por protegerlo.

Algunas de las estrategias más comunes usadas por activistas combinaron métodos de persuasión e intervención como protestas, bloqueos, pronunciamientos. Las comunidades de Anchicayá desarrollaron acciones de incidencia a través de discursos y declaraciones públicas, actos simbólicos, uso de medios de comunicación y redes sociales, marchas y caravanas. Los bloqueos en Buenaventura, como estrategias de intervención, impactaron en la economía nacional ya que este es un puerto importante para el país. Otras acciones de persuasión noviolentas han sido los foros por la dignidad del río Anchicayá, que contó con la participación de aliados internacionales que contribuyeron a difundir, a posicionar la agenda y a visibilizar la importancia del caso. Los aliados estratégicos también generaron incidencia desde las comunicaciones, videos, testimonios, denuncias. Por ejemplo, Humanconet creó una estrategia de petición dirigida a la Corte Constitucional de Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como mecanismo de apoyo a las comunidades de Anchicayá.

Una acción noviolenta muy importante fue la movilización del uno y dos de diciembre de 2022 hacia Bogotá, capital de Colombia. El viaje vía terrestre demoró once horas aproximadamente, esto era necesario para llegar a entidades con capacidad de toma de decisiones frente al caso. Así, frente al Ministerio de Ambiente, el Congreso de la República, la Defensoría de Colombia y la Corte Constitucional, se alzaron las voces y se exigieron derechos. Esta movilización se caracterizó por ser una estrategia planeada, organizada y articulada. Estuvo cargada de un fuerte componente cultural y ancestral, a través de cantos, actos simbólicos, discursos públicos. La acción desarrollada en este contexto se denominó Marcha por la dignidad del río Anchicayá y sus comunidades.

Los líderes y lideresas construyeron canciones y las entonaron en todo lugar y momento, “de mar afuera yo vengo con rumbo a Bogotá a reclamar los derechos del río Anchicayá”. Como parte de la estrategia, los actos simbólicos fueron importantes: se hizo un velatón como un homenaje a las personas fallecidas y en memoria de los difuntos. En este acto se hizo silencio, se danzó y cantó al ritmo de la cultura propia de las comunidades. Con estos actos de resistencia civil creativa y cultural se pedía que se reconozca y se declare legalmente el río Anchicayá como sujeto de derecho. Ese es el anhelo de esta comunidad para garantizar la verdad, la reparación a los daños y las garantías de que no habrá repetición de estos hechos atroces.

Finalmente, en octubre de 2021, la comunidad de Anchicayá fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia dada su ardua labor en la protección del territorio, los recursos naturales y la identidad étnica. Un gran logro sin lugar a dudas. Sin embargo, Colombia ocupa el primer lugar entre los países con mayor riesgo para defender el ambiente y los territorios. En un contexto donde el equilibrio de poder se inclina a favor de los grandes capitales, la defensa del territorio significa la defensa de la vida y la libertad, pero también es la antesala a la vulneración de derechos.

La Organización ACLED (por sus siglas en inglés) identificó para el 2023 un total de diez áreas críticas donde el conflicto tendrá una evolución en términos positivos (desescalada) o negativos (crecimiento). Colombia es una de las diez áreas críticas identificadas, junto con Ucrania, Sur Cáucaso y Asia Central, Sahel, Nigeria, República Democrática del Congo, Yemen, regiones kurdas, Birmania y Haití. De acuerdo con el Informe de Riesgos Globales del 2023, en la próxima década, los mayores riesgos se focalizarán en términos climáticos y ambientales, y son riesgos para los cuales el mundo está menos preparado.

Con lo anterior procuro dejar un claro mensaje: así como en la guerra, con los daños al ecosistema todos y todas perdemos. No hay ganadores. El capital no debería estar por encima de la vida. Este es un llamado urgente, que la Paz Total, esa bandera del nuevo gobierno que procura el diálogo con todos los grupos armados al margen de la ley, y el camino hacia una Colombia que sea “potencia mundial de la vida”, como ruta del plan nacional para los próximos cuatro años de gobierno, privilegie el cuidado del territorio, y rompa ciclos de violencias directas, estructural y simbólica que han vivido muchas comunidades en Colombia. ¡Gracias Buenaventura, gracias Anchicayá por enseñar desde la resistencia

Linda Y. Posso Gómez

Es socióloga y oriunda de Buenaventura, Colombia. Magíster en Relaciones Internacionales, mención en seguridad y derechos humanos (Flacso Ecuador).

Texto publicado en alianza con FES, el 03 de mayo del 2023.