*Bayardo Siles

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Cuando se presentan circunstancias de abuso, los cuerpos son lastimados y la psique es alterada. Las personas víctimas de violencia sexual son usadas como arma de guerra por los opresores para intimidar a los grupos opositores que protestan pacíficamente contra proyectos económicos y planes políticos. 

Como explica Amnistía Internacional, la violencia sexual se ha perpetrado como un acto final de humillación al contrario vencido, a veces como una estrategia de terror impuesta a poblaciones civiles para crear mayor caos en medio de un conflicto. Y añade que esta forma de violencia “puede afectar a hombres, mujeres, niñas, niños y/o adolescentes”.

La presencia de Ortega en el poder significó un progresivo desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Esto ha provocado mayores índices de protestas sociales. Dentro de esas filas de la resistencia estamos activistas LGBTIQ+, quienes fuimos capturados y sometidos a violencia sexual contra nuestros cuerpos y mentes. Nos obligaron a desnudarnos, sufrimos tocamientos, entre otras agresiones sexuales. Todo esto ocurrió en el conocido Auxilio Judicial “El Chipote”, una cárcel designada para el reclutamiento de encarcelados políticos en Managua, la capital de Nicaragua.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 ya muestra casos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen autoritario. La única experiencia conocida hasta el momento recoge 18 testimonios de víctimas de violencia sexual que permanecieron detenidos arbitrariamente, por funcionarios oficiales del Estado. A esa realidad, se suma también mi testimonio en medios de comunicación, que cuenta con la respectiva denuncia en los organismos de justicia internacional (Univisión 23, 2018).  

Esta dolorosa realidad quedó plasmada en el Informe que trabajó la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, en el 2018. Justamente, ese año hubo una oleada de nicaragüenses a territorio costarricense que buscaban amparo a raíz de un nuevo episodio de represión. La Fundación, al recoger los testimonios, pudo evidenciar los casos de violencia sexual. Al realizarse el peritaje psicosocial, este concluye que, para las víctimas, la tortura y la tortura sexual no son hechos que se encuentran en el pasado, sino que se actualizan a través de reexperimentación traumática, produciendo un sufrimiento actual, que afecta todos los ámbitos de su vida.

En estos esfuerzos por continuar posicionados contra las injusticias, observo que también hay desafíos cuando las víctimas de abusos sexuales regresan a las filas organizativas del activismo. En muchos casos, ellas y ellos cuentan que viven situaciones excluyentes y violentas, un hecho que genera divisiones internas, rivalidades y conflictos. Eso se debe a que las organizaciones no cuentan con suficiente apoyo psicológico o que existe poca empatía de las y los compañeros del grupo organizativo para atender a las víctimas. 

Por esta y otras razones, todas las personas activistas y defensores de derechos humanos debemos analizar de manera responsable las acciones de acompañamiento y atención que ayuden a sanar a quienes han sido víctimas de violencia sexual. Estas personas enfrentan retos constantes, por ejemplo, la ausencia de justicia restaurativa, procesos judiciales lentos y burocráticos, así como la falta de recursos económicos. Las personas violentadas lo que menos esperan es quedar victimizadas también por el abandono de sus propias organizaciones en sus demandas ante la comunidad internacional por delitos de lesa humanidad. 

Considerando estas realidades, la planificación de las acciones de resistencia noviolentas de manera integral debe tener en cuenta los riesgos y contar con un eje transversal en lo psicosocial. Las personas víctimas de tortura sexual cargan con el gran reto de mantener la visión y misión de la protesta pacífica, incluso cuando sus heridas y recuerdos no hayan sido aún subsanados. Entonces, al no acompañarlas o atenderlas, se corre el riesgo de perder aliados frente a los propósitos de la resistencia pacífica. De hecho, los sentimientos de abandono y deslealtad debilitan los planes de incidencia de grupos que apuestan por la resistencia noviolenta, lo que incluso puede dar pie al surgimiento de nuevos protagonistas de dictaduras futuras, carentes de una oposición fortalecida. 

A modo de conclusión, quiero ofrecer las siguientes reflexiones: 

1. Atender integralmente a las víctimas de abuso sexual es hablar de Derechos Humanos. 
2. Dentro de los grupos de movilización y resistencia también existe una cultura de silencio y estigma acerca del abuso sexual. Esta actúa de dos maneras: por censura social, que cuestiona la credibilidad de los abusos por miedo y celo al liderazgo que rodea a una víctima de abuso y tortura sexual; y, por vergüenza y autocensura para evitar que la víctima termine excluida de la organización. Ambos mecanismos contribuyen a la impunidad. 
3. No programar acciones de contención, acompañamiento, auxilios psicológicos, ni gestionar recursos para la atención adecuada de los miembros de organizaciones que han sufrido abuso y/o violencia sexual, transmite un mensaje peligroso sobre la vigencia de la tortura como mecanismo para obtener confesiones. 
4. Al interior de las organizaciones, toda forma de exclusión de las personas víctimas de violencia sexual, sea ejecutada por hombres o mujeres, es una demostración patriarcal y de masculinidad hegemónica. 

Finalmente, creo que es necesario indicar que una reparación integral cruza también por no usar nuestros cuerpos y vidas para que ciertas organizaciones solo busquen financiamiento y luego nos olvidan cuando los proyectos concluyen. Hago un llamado a la ética y la responsabilidad.

Demos el paso a la acción.  La acción noviolenta. 

*Bayardo Siles

Activista LGBTIQ+ de Nicaragua, sobreviviente de tortura sexual y excarcelado político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estudiante expulsado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Actualmente, exiliado en Costa Rica.

Publicado: 16 de marzo del 2022