Por: Jose Andrés Navarro Florez

El 26 de marzo de 2017 lxs cajamarcunxs hicieron historia. En las urnas, el 97,9% votaron por el «NO» rotundo a la megaminería. Pero esta victoria no se gestó ese día. Durante diez años, una comunidad campesina enfrentó a una de las multinacionales mineras más poderosas del mundo y ganó.

Llegaron las máquinas

A finales de los noventa, lxs campesinxs notaron algo extraño. Comenzaron a llegar personas desconocidas que examinaban piedras en las quebradas con mucho detenimiento. Lo que parecía inocuo era en realidad el preludio de una disputa territorial que lo cambiaría todo.

En 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe anunció al país el hallazgo de «La Colosa», uno de los yacimientos de oro más grandes de América Latina. Ubicado en Cajamarca, un municipio del departamento del Tolima en Colombia, este territorio de 12.000 habitantes vivía tranquilamente de la agricultura y la ganadería. AngloGold Ashanti, una multinacional sudafricana, había encontrado allí 28 millones de onzas de oro dispersas en 14.000 hectáreas[1] (un tercio de toda la superficie del municipio).

La promesa de AngloGold Ashanti era tentadora: empleos, regalías, desarrollo económico, sin embargo, pronto lxs habitantes entendieron los impactos subsecuentes: la destrucción de sus fuentes de agua, la contaminación de sus tierras y la pérdida de su forma de vida tradicional.  Para extraer una cantidad descomunal de oro, como la proyectada, se necesitaría usar 24 millones de litros de agua diarios, en una región construida en relación con los ríos y la producción agroalimentaria.

La gente se organiza para resistir

Cuando AngloGold Ashanti comenzó sus operaciones de exploración, lxs habitantes no se quedaron quietos. En 2007 nació COSAJUCA (Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca), seguido por el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime en 2012. Estas y otras organizaciones comenzaron a tejer una red de resistencia que combinaba educación popular, movilización social e innovación artística.

Su estrategia fue tanto ingeniosa como poderosa. En lugar de solo protestar, decidieron “dar un giro de tuerca” y celebrar lo que querían defender[2]. Así nació la «Marcha Carnaval»[3], una manifestación que desde 2010 se convirtió en la fiesta anual más importante de la región. Con música, disfraces, danzas y arte, miles de personas marchaban por las calles de Ibagué, la capital del departamento, celebrando el agua, la vida y el territorio.

Lxs participantes mostraban guacamayas, colibríes, montañas y ríos, acompañados de frases como «el agua es como el amor, ni se compra ni se vende». No era solo una protesta; era una afirmación de vida. La marcha creció año tras año, llegando a congregar más de 100.000 personas en sus últimas ediciones (2018 – 2025).

La estrategia era clara: construir un movimiento amplio y diverso que incluyera a campesines, jóvenes, estudiantes, artistas, madres cabeza de familia y personas mayores. Cada uno desde su lugar aportaba algo: conocimiento sobre el territorio, habilidades organizativas, creatividad artística o simplemente su presencia y voz.

Educación popular y democracia participativa

Las organizaciones cajamarcunas entendieron que la resistencia necesitaba conocimiento. Desarrollaron procesos de educación popular para que toda la comunidad entendiera qué significaba realmente la megaminería: los métodos de extracción, el uso de cianuro y mercurio, los impactos en el agua y el suelo y las experiencias de otros territorios mineros.

Realizaron recorridos territoriales donde biólogos, geólogos y ambientalistas explicaban a lxs lugareñxs los ecosistemas locales. Talleres donde se analizaba la legislación ambiental y los derechos de las comunidades. Encuentros intergeneracionales donde lxs mayores compartían sus saberes sobre el territorio con jóvenes.

Esta formación popular fue fundamental para lo que vendría después: la consulta popular. En Colombia, la Constitución de 1991 había establecido mecanismos de participación ciudadana que permitían a las comunidades pronunciarse sobre proyectos que podían afectar su territorio. Cajamarca decidió usar esta herramienta democrática. Por su supuesto el camino no fue fácil. El Concejo Municipal aprobó realizar la consulta por ocho votos a favor y tres en contra, mientras centenares de personas esperaban afuera del edificio. La pregunta era clara: «¿Está usted de acuerdo con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?»

El día en que Cajamarca dijo “NO”

El 26 de marzo de 2017, más de 6.100 Cajamarcunxs fueron a votar. Era necesario que participara al menos un tercio del censo electoral (5.438 personas) para que la consulta fuera válida y el resultado fue contundente: 97,92% de los votos dijeron NO a la minería. Había triunfado la democracia participativa, el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio. Un mes después, AngloGold Ashanti anunció que detendría su proyecto de “La Colosa”, aceptando la posición expresada por la comunidad.

La lucha NO termina

No obstante, la historia no terminó ahí. La multinacional mantiene la propiedad de 5.800 hectáreas y ha presentado múltiples demandas judiciales para intentar invalidar la consulta. En noviembre de 2023, un juez reiteró la legalidad de la consulta popular, dejando en firme el «NO» de Cajamarca. Y en abril de 2024, otra decisión judicial ratificó nuevamente la vigencia de la consulta.

Sin embargo, han surgido nuevas amenazas: empresas multinacionales que promueven el monocultivo de aguacate Hass como alternativa «verde» a la minería y reproducen las mismas lógicas de acumulación por desposesión: apropiación masiva de tierras campesinas, violencia física y simbólica a través de fuerzas de seguridad privadas, deforestación del bosque altoandino y alteraciones en los ecosistemas.

Frente a ello las organizaciones cajamarcunas han respondido y se han adaptado. Así, ya no solo resisten proyectos específicos, sino que construyen alternativas territoriales integrales, desarrollan proyectos de agroecología, turismo comunitario, caracterización de productores locales e impulso de proyectos de producción artesanal como cestas orgánicas. Tal vez han entendido que en su escenario la resistencia debe ser también constructiva.

¿Una experiencia para el mundo?

La experiencia de Cajamarca ofrece aprendizajes valiosos para otros territorios que enfrentan el extractivismo. Primero, demostró que la resistencia noviolenta puede ser festiva y celebratoria sin perder efectividad política, construyendo nuevos repertorios de acción colectiva. La Marcha Carnaval es un ejemplo de que es posible construir movimientos amplios y diversos cuando se afirma la vida en lugar de solo denunciar la muerte.

Segundo, resaltó la importancia de la educación popular para que las comunidades tomaran decisiones estratégicas, conscientes de su posición dentro del contexto de una lucha global. No bastó con estar en contra de la minería; fue necesario entender qué consecuencias exactamente tenía lo que se rechazaba y qué alternativas existían.

Tercero, evidenció que la democracia participativa puede utilizase en beneficio de las comunidades cuando estas logran organizarse y se forman políticamente; un desafío sustancial que contextualmente no siempre es alcanzable.  Como cualquier proceso social, la consulta popular no fue un acto espontáneo, sino el resultado de una década de trabajo organizativo.

Cuarto, mostró que las victorias deben defenderse permanentemente, no se agotan ni explican por un acontecimiento puntual. La consulta de 2017 no fue un punto final, sino el inicio de una nueva fase en la disputa territorial. Las organizaciones se han reinventado para enfrentar nuevas formas que adopta el extractivismo.

Un territorio en disputa

Hoy, ocho años después de su victoria histórica, Cajamarca sigue siendo un laboratorio de resistencias territoriales. Las organizaciones locales han desarrollado repertorios de resistencia territorial, es decir, estrategias jurídicas, productivas, educativas y culturales que operan simultáneamente para enfrentar múltiples amenazas.

La Fundación Resistencias, la Alianza de Mujeres Campesinas, COSAJUCA, Muisca, Semillas de Agua, entre muchas otras, están conectadas para que cada una aborde dimensiones específicas de lucha: investigación-acción participativa, feminismo territorial, defensa jurídica, recuperación de saberes tradicionales, construcción de memoria histórica, etc. Su experiencia demuestra que, aunque titánico, es posible enfrentar al capitalismo extractivo desde los territorios, construyendo alternativas que pongan la vida en el centro. Que las comunidades rurales no son obstáculos al desarrollo, sino creadoras de formas de vida más justas y sostenibles.

La historia reciente de Cajamarca no es solo la de un pueblo que dijo NO a la megaminería. Es la historia de una comunidad que decidió construir su propio futuro, defendiendo el agua, la vida y el territorio con celebración, arte, organización y democracia. Es la demostración de lucha y organización noviolenta de un pueblo levantado en contra del extractivismo, la extranjerización de la tierra, y la violencia que suponen ambos fenómenos.

JOSE ANDRÉS NAVARRO FLOREZ

Soy Sociólogo, estudiante de la Maestría en Sociología en FLACSO (Ecuador). Investigador del Centro de Investigación Resistencias. Investigo las trasformaciones recientes de los movimientos sociales y los nuevos repertorios de acción colectiva frente al neoextractivismo. Defensor de la Educación Popular y la Investigación Acción Participa.

[1] https://acmineria.com.co/blog/relato-de-una-visita-a-la-colosa-y-su-gente/#:~:text=Entramos%20a%20la%20bodega%20de%20n%C3%BAcleos%20en,grande%20de%20Am%C3%A9rica%20en%20la%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=WOE5pdkgaQg

[3] https://www.youtube.com/watch?v=sTPY8fyNytM