Dixon Morales

La comunidad afrodescendiente (garífuna) llegó a Honduras y a Centroamérica en el año de 1797 —veinticuatro años antes de la independencia del país, en 1821—. Esto sucedió cuando un contingente de garífunas originarios de la Isla de San Vicente, ubicada en las Antillas Menores, en el Caribe, arribó a tierras hondureñas en un lugar conocido como Punta Gorda, en las Islas de la Bahía. Desde entonces, las y los garífunas desarrollaron su capacidad de negociación y liderazgo. Esto les permitió negociar con los españoles en la ciudad de Trujillo, logrando el derecho a la tierra y la posterior movilización por toda la Costa Atlántica, llegando a Nicaragua, Guatemala y Bélice.

El pueblo garífuna de Honduras se encuentra asentado a lo largo de la Costa Norte, en cinco departamentos: Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. De igual manera se registra un incremento de la presencia de garífunas en núcleos urbanos como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, La Lima, El Progreso y Tela, entre otras. Es un pueblo resiliente cuya principal lucha está enfocada a la resistencia civil noviolenta, una de las estrategias planteada desde la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, Odeco.

El pueblo garífuna ha sufrido grandes conflictos en su territorio: las plantaciones de monocultivos, la deforestación, la venta ilícita de tierras, el desplazamiento social por las concesiones ilegales de ríos y fuentes de agua para proyectos hidroeléctricos y de minería. A eso sumar la presencia de los complejos hoteleros en la franja litoral donde habita esta comuna guerrera. Todas estas acciones que perjudican los derechos garífunas se han realizado sin la observación y opinión de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI).

Cabe señalar que los pueblos originarios hondureños lenca, miskitu, tolupán, maya chortí, nahuas, tawahka y pech, no son ajenos a los conflictos socioambientales generados por grupos de poder que, ante la diversidad biológica y el potencial de los bienes naturales de los mencionados pueblos, han sufrido la pérdida de territorio mediante una serie de artilugios y operaciones fuera de la moral y la ética, dos elementos que son fundamentales para desarrollar todas las actividades sociales, económicas, políticas y culturales, de acuerdo a sus propias cosmovisiones.

A lo largo de la historia han existido grandes iniciativas para unificar esfuerzos entre los dos pueblos afrodescendientes —garífunas y negros de habla inglesa— y las siete poblaciones indígenas para alzar la voz y establecer estrategias de lucha enmarcado en la paz y la noviolencia. Se han podido registrar grandes logros, entre los que se destaca, principalmente, un alto nivel de empoderamiento y pertenencia al momento de establecer estrategias para enfrentar los desafíos territoriales existentes.

Una de las acciones de reivindicación de los derechos humanos realizada por los afrodescendientes e indígenas en Honduras fue La marcha de los tambores, que ocurrió el 11 de octubre de 1996, con la participación de la Coordinación Popular de Atlántida (COPA), el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), el magisterio organizado, las comunidades indígenas, comunidades garífunas, organizaciones afrohondureñas, la Pastoral Católica Garífuna, la Iglesia Católica, el Movimiento de Mujeres, las organizaciones campesinas y los patronatos. Por primera vez en la historia, un gobierno, el del fallecido presidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, suscribió el acuerdo para la titulación, saneamiento y ampliación de las tierras de las comunidades garífunas y negras en general. Asimismo, se comprometió a apoyar la conmemoración del Bicentenario Garífuna, el 12 de abril de 1997. Esta marcha constituyó uno de los eventos más trascendentales de la vida de los afrodescendientes en el país. En el año de 1996 se realizaron muchas visitas a las comunidades para poder concientizar a las personas sobre la necesidad y la importancia de participar en este esfuerzo organizativo. Desde las diferentes áreas se desplazaron buses hacia Tegucigalpa con vista a realizar una serie de acciones tendientes a encontrarle solución a importantes problemas comunitarios. Era la primera vez, en mucho tiempo, que se iniciaba un proceso de diálogo con el gobierno a través de un grupo tan representativo como lo era la Coordinadora de Nacional de Organizaciones Negras de Honduras.

Las acciones de incidencia que realizan los pueblos indígenas con sus organizaciones de base comunitaria han servido como pilar principal de representación ante los gobiernos locales, regionales y nacionales, para hacer valer sus derechos. Es el caso de la reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se realizó un proceso de diálogo y análisis para generar un reglamento de acuerdo a la autodeterminación de los pueblos y, de esa manera, se convierta en una propuesta de anteproyecto de ley por el Congreso (Poder Legislativo). Sin embargo, debido a la falta de voluntad política, la reglamentación de la consulta previa sigue siendo un anhelo de estos pueblos, que tienen la esperanza de reducir las amenazas, las persecuciones y los asesinatos de líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes. No hay que olvidar que Honduras está entre los cinco países con mayor riesgo para defender el ambiente y los territorios —que pertenecen a los pueblos indígenas y afrodescendientes—. Actualmente, estos pueblos son acusados por la justicia hondureña como usurpadores de estas tierras con el argumento de que los títulos comunitarios han sido vendidos ilegalmente.

En Honduras, los pueblos indígenas y afrodescendientes son excluidos, y sus derechos humanos en general, son violentados. Uno de los aspectos que podríamos analizar tiene que ver con el rol que desempeñan las municipalidades, de las que son parte los territorios indígenas y afrodescendientes. Actualmente, los alcaldes y alcaldesas no pertenecen a estos pueblos, por lo tanto, no hay opción de ser actores y sujetos de transformación de sus dominios territoriales porque han sido desplazados por terceros creando una nula participación en las instancias de toma de decisión.

Uno de los casos más comunes por parte de las autoridades estatales es que extienden documentos de posesión sobre las tierras sin ninguna revisión previa que determine si pertenecen o no a los pueblos indígenas y afrodescendientes. De manera paralela también ocurre que los profesionales del derecho gozan de la potestad para hacer traspasos de manera privada, y sin ninguna revisión, por lo que se aprovechan de forma ignominiosa de esta coyuntura. Otro asunto tiene que ver con el Instituto de la Propiedad, una dependencia que ha sido nefasta por su actuación en estos casos en las últimas décadas. Esta institución del estado extiende escrituras públicas, mientras que el Instituto Nacional Agrario se encarga de la entrega de títulos comunitarios. Uno de los grandes hallazgos por partes de las organizaciones y líderes comunitarias es que ambas instituciones actúan de manera separada y eso ha generado una enorme problemática en estos territorios.

Otro de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes es la invasión de sus espacios o dominios ya establecidos para ser habitados por personas ajenas a la comunidad, violentando el derecho al acceso a sus territorios comunitarios. Muchas veces la venta de estas tierras es forzada mediante intimidaciones a la población.

Las personas que toman las decisiones en los gobiernos locales y nacionales tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la tierra de los pueblos originarios y protegerlos ante cualquier intensión de usurpación. Estas casos son cotidianos en nuestros territorios y ha sido motivo de persecución, intimidación y asesinatos, como el ocurrido contra Berta Cáceres, líder indígena lenca defensora del río Gualcarque.

Dixon Morales

Licenciado en Recursos Naturales y Ambiente actualmente. Es vicepresidente de Odeco y director de Radio ODECO. Además, es promotor de los derechos humanos y de la defensa de los territorios de los afrohondureños.

Publicado: 17 de noviembre del 2022