Alexis Colmenares Zapata

La paz y la democracia son dos valores que tienen en común la tolerancia y el respeto a las ideas divergentes. Ambas se construyen sobre la base de la negociación y la reducción de la violencia. Asimismo, una y otra deben tener un norte que permitan a la sociedad unir sus esfuerzos para la consecución del bienestar colectivo. En los últimos años, Ecuador ha experimentado una serie de cambios políticos, sociales y económicos que han generado un clima de incertidumbre y tensión en el país. En julio de 2022, la tensión alcanzó su punto máximo cuando un paro nacional liderado por organizaciones indígenas sacudió al país y dejó en evidencia la necesidad de abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la sociedad ecuatoriana. Estos acontecimientos son propicios para reflexionar brevemente sobre la acción noviolenta como herramienta clave en el proceso de resistencia civil en Ecuador.

En junio de 2022, el país sudamericano presentó uno de los paros más largos en la historia reciente del país, que duró 18 días y se extendió por gran parte del territorio nacional, siendo más intenso en las provincias de la región andina y amazónica y particularmente en la capital. El origen de estos tumultos se encontraba en la insatisfacción de diversas organizaciones sociales y representantes indígenas a las políticas de Guillermo Lasso, quien alcanzó el 24 de mayo del 2022, el primer año de gobierno en Carondelet.

Durante la primera semana, se llevaron a cabo movilizaciones en zonas rurales y en ciudades como Quito. En la segunda semana, grupos indígenas y campesinos, liderados por la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, Conaie, se trasladaron a la capital y hubo otras manifestaciones en las principales ciudades andinas, lo que provocó la paralización del país y la falta de alimentos y producción. Finalmente, en la tercera semana, se llegó a un acuerdo con el gobierno para cesar las medidas de hecho.

Las organizaciones indígenas pusieron como condición previa para el levantamiento del paro que el Gobierno diera respuesta a un pliego de diez puntos con distintas peticiones. Las exigencias incluían diferentes ámbitos. Entre ellas se puede mencionar el congelamiento de los precios de los combustibles, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, no ampliar la frontera del extractivismo minero, combatir la inseguridad, mayor presupuesto a la educación intercultural y precios justos para productos del campo, entre otros.

Durante las tres semanas de protesta, la conflictividad y la violencia marcó el panorama social y político del país. Las manifestaciones tomaron un giro cada vez más violento en varias provincias. Se presentó así el deterioro de espacios públicos, agresión a instalaciones oficiales y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas del Estado e infiltrados. Se puede mencionar, por ejemplo, el ataque a la Fiscalía General del Estado y la escalada de violencia en la ciudad de Puyo —en amazonía ecuatoriana. El resultado más notorio fue la pérdida de algunas vidas humanas y muchos heridos en ambos bandos, así como daños a la infraestructura, grandes pérdidas económicas, resentimiento, vandalismo y frustración.

Este paro fue un llamado a la acción por parte de las comunidades indígenas y otras organizaciones sociales que buscaban proteger sus derechos y el medio ambiente. Las protestas tuvieron importantes efectos sociales y políticos, movilizando a un gran sector de las clases populares y obligando a los poderes del Estado a reconocer la crisis y a prestar atención a ella. De esa manera, los decisores políticos y sus representantes se vieron descolocados por la acción directa de las clases populares, especialmente, de los indígenas y campesinos.

Así, la protesta en junio de 2022, que incluyó manifestaciones pacíficas, bloqueos de carreteras y paralizaciones importantes de sectores claves de la economía nacional, fue una herramienta clave en el proceso de resistencia civil en el paro nacional y una respuesta a la falta de diálogo y escucha por parte del gobierno. A través de la organización de manifestaciones, los movimientos sociales lograron captar la atención de la opinión pública y presionar a las autoridades para que escucharan sus demandas. El uso de la manifestación como forma de resistencia demostró —una vez más— la capacidad de los movimientos sociales para lograr sus objetivos.

Si bien la cara más visible de las manifestaciones se expresó a través de grandes movilizaciones, bloqueo de vías y suspensión de paso de transporte, también se pudo apreciar falta de esfuerzos y estrategias por parte de los líderes indígenas para mantener la disciplina noviolenta y contener los focos de violencia. El uso de la violencia dentro de un movimiento noviolento puede tener efectos negativos, como la deslegitimación y el desaliento para participar en el mismo. Por tanto, la mejor manera de conservar la legitimidad de las demandas de los pueblos indígenas y el apoyo de la opinión pública era sostener el carácter noviolento de la protesta.

La resistencia civil y la acción noviolenta son procesos que se han vuelto cada vez más comunes en la lucha por los derechos humanos y la justicia social en todo el mundo. La acción noviolenta es una forma de protesta que busca lograr cambios sociales y políticos sin recurrir a la violencia física o verbal. Esta estrategia puede incluir manifestaciones pacíficas, desobediencia civil, huelgas de hambre, boicots, entre otras formas de resistencia noviolenta. En el caso de Ecuador, se puede mencionar la toma simbólica del parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura en Quito, durante el paro nacional de junio del 2022. Estas formas de resistencia han sido esenciales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Es así que, luego de la aceptación del diálogo entre las partes enfrentadas, el 30 de junio de 2022, las organizaciones indígenas y el gobierno nacional lograron firmar un acuerdo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para dar por terminado el paro nacional. Los actores en conflicto firmaron un “Acta por la paz” donde se establecieron los consensos y compromisos alcanzados. En primera instancia, el Ejecutivo aceptó reducir el precio del combustible, a trabajar para focalizar el subsidio a la gasolina, a derogar el Decreto Ejecutivo 95 en materia de hidrocarburos y a reformar el Decreto Ejecutivo 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas. Por su parte, las organizaciones indígenas declararon el cese de las movilizaciones en todo el país y el retorno a las comunidades, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público.

La construcción de paz también fue un aspecto clave durante el paro nacional. A pesar de la intensidad de las manifestaciones, algunos focos de violencia y el desacuerdo político, el uso de la acción noviolenta y la cooperación entre los diferentes movimientos sociales permitieron reunir a personas de diferentes comunidades y grupos sociales con el fin de trabajar juntas por una causa común.

A través de la promoción de valores como la justicia, la igualdad y la solidaridad, los movimientos sociales contribuyeron a crear un ambiente de confianza y diálogo, lo que permitió una negociación más efectiva entre las partes involucradas. La cooperación y el trabajo en equipo fueron claves para lograr avances significativos en la lucha por la justicia social y los derechos humanos en el país. Además, la acción noviolenta y la resistencia pacífica facultaron la creación de un espacio de diálogo y escucha mutua, lo que contribuyó a una mayor comprensión y a una solución pacífica de los conflictos.

Sin embargo, la construcción de paz en Ecuador no es un proceso fácil ni rápido. Es un proceso que requiere la participación activa y comprometida de todas las partes interesadas, incluyendo a las autoridades, las comunidades indígenas y las organizaciones sociales. La represión y la violencia continúan siendo un problema recurrente, y las demandas de las organizaciones indígenas y otros grupos marginados siguen sin ser escuchadas. Desde el punto de vista de la paz negativa —término acuñado por Johan Galtung, un referente obligado en los Estudios de Paz y Conflicto—, entendida como la reducción de la violencia directa, podemos coincidir que el Acta por la paz logró su cometido de cesar la violencia y el enfrentamiento violento entre manifestantes y fuerzas del orden, atendiendo las causas inmediatas del conflicto —los diez puntos que exigían las organizaciones indígenas. Sin embargo, debemos reflexionar —y poner en duda— si dichos acuerdos abordaron las causas subyacentes que generan y seguirán generando una violencia invisible y mucho más profunda, tales como la discriminación, la exclusión histórica, el racismo y las grandes brechas de desigualdad social, por solo mencionar algunas.

En un contexto de violencia estructural, cultural y directa, en Ecuador cada cierto tiempo se generan relaciones de convivencia conflictivas a causa de la discriminación. Además de esta situación, no existe el reconocimiento generalizado de los problemas de racismo y exclusión social que se presentan en la sociedad ecuatoriana. Tanto la sensibilidad al conflicto como la gestión de riesgos apuntan a la importancia de generar una visión colectiva de futuro para la construcción y empoderamiento de los actores sociales de una imagen deseada para el Ecuador en un horizonte temporal a corto, mediano y largo plazo.  

Es importante seguir trabajando juntos para construir un futuro más justo y pacífico para todos los habitantes de Ecuador. La acción noviolenta, la resistencia civil y los movimientos sociales son herramientas poderosas para alcanzar un cambio positivo en la sociedad. Para lograr una sociedad verdaderamente pacífica y justa en el país es esencial abordar los desafíos que enfrentan las comunidades desde una perspectiva integral. Esto significa no solo abordar los problemas económicos y políticos, sino también los desafíos culturales y sociales que enfrentan las comunidades más vulnerables del país.

Alexis Colmenares Zapata

Doctor en Estudios Internacionales, funcionario diplomático de carrera (2002-2017). Es docente en la Universidad San Francisco de Quito, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y Flacso Ecuador

Publicado: 16 de febrero del 2023