Daniela Martínez-Rodríguez

En un contexto donde se fortalece la implementación de políticas neoliberales y la amenaza a los derechos de las mujeres y personas gestantes se vive día a día, salir a las calles es la respuesta inmediata. Es posible pensar en Costa Rica como aquel país de paz, libre de ejército y con destinos turísticos atractivos. Sin embargo, poco se dice del recorte a políticas sociales redistributivas, la falta de voluntad política para atender las necesidades poblacionales con un enfoque integral de género y la desarticulación existente de los movimientos sociales y acciones colectivas tras la prohibición de las huelgas en el sector público, a partir del año 2020.

Pese a ello, los movimientos feministas se han visto articulados en circunstancias contextuales, cada 8 de marzo y 25 de noviembre. En dichas fechas, las colectivas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos convocan a una manifestación pacífica en defensa de los derechos de las mujeres.

Hasta hace poco, la discusión en torno al acceso al aborto no se encontraba en la agenda pública. El caso de Ana y Aurora marcó un antes y un después en la narrativa que corresponde a la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica. Las mujeres acusaron al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2013 por ser víctimas de la no aplicación de la ley sobre aborto terapéutico, llegando a un proceso conciliatorio con el Estado en el 2015. Mientras tanto, el Gobierno se comprometía a elaborar una normativa para la aplicación del aborto terapéutico, acuerdo que se rompió durante la administración del expresidente Solís-Rivera (2014-2018), alegando la inexistencia de un “ambiente político adecuado” para llevar el proceso.  

Tras un largo periodo de demandas sociales, en el 2019 se firmó la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo que describe el procedimiento para acceder al aborto, según lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal. La normativa establece que el aborto en Costa Rica será permitido solo en caso de peligro para la vida, la salud física o mental de la mujer o persona gestante, siendo penalizado con cárcel el aborto en caso de incumplimiento de los artículos 118 al 120 del Código Penal vigente.

Recientemente, ha circulado información sobre la emisión de un decreto por parte del Poder Ejecutivo que deroga la norma técnica mencionada, proponiendo sustituirla por una nueva normativa denominada “Reglamento técnico para la atención integral de la mujer y del niño(a) por nacer durante el embarazo, parto, postparto y en situación de peligro inminente de muerte”. Esta vendría a implementar mayores limitantes para el acceso efectivo del derecho a la interrupción del embarazo. La reglamentación propuesta pretende impulsar cambios restrictivos para limitar el aborto terapéutico, siendo este dictado por las autoridades en materia de salud pública de acuerdo a la norma técnica aún vigente. Se incluyen exigencias que implican que la mujer deberá concluir embarazos incompatibles con la vida extrauterina, además, para aquellos casos en los que sí se pueda aplicar el procedimiento, se deberá firmar un consentimiento informado por la mujer con firma del «cónyuge o padre del nasciturus” (persona antes de nacer), eliminando toda referencia al concepto de aborto impune y el derecho a decidir.

En marco del Día Internacional de la Mujer, múltiples organizaciones, activistas independientes y colectivas feministas convocaron a la sociedad civil a participar de una marcha a favor del respeto pleno de los derechos de las mujeres, personas no binarias y personas gestantes, en resistencia a un sistema que busca aplicar políticas restrictivas en contra de los derechos humanos. Dicha convocatoria fue extendida a diversos sectores del país, no solo en la defensa del derecho a decidir, sino en protesta de las desigualdades sociales y estructurales que se han visto arraigadas en la cultura política costarricense —una cultura que llevó al poder a Rodrigo Chaves Robles, un presidente denunciado por acoso sexual y que ha demostrado poco interés en atender el fortalecimiento de políticas sociales desde un enfoque de género.

Más allá de la exitosa convocatoria a la marcha llevada a cabo el 8 de marzo del presente año, colectivas y organizaciones continúan realizando campañas informativas, pronunciamientos y posicionamientos políticos en contra de la intención de derogar la actual norma técnica para la interrupción del embarazo, señalando que sería un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Cabe señalar que dichas iniciativas se han mantenido activas en oposición a la respuesta de distintos sectores de la política, como lo es el caso de representantes legislativos de la fracción oficialista y el partido Nueva República, autodenominados “provida”, que se han pronunciado a favor de la intencionalidad de extralimitar el acceso al derecho a decidir, promoviendo políticas que pretenden eliminar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —identificado con el expediente 23662.

El pasado 8 de marzo, después de un largo período de desarticulación y silencio por parte de la sociedad civil a causa de las limitaciones ocasionadas por la crisis pandémica, diferentes sectores se manifestaron por la dignidad de las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, queer, defensoras del medio ambiente, trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras en condiciones precarizadas, madres, niñas, trans, y personas no binaries. Lo acontecido es el reflejo del descontento social acumulado, los años de olvido a las necesidades requeridas para la aplicación integral de una política social desde la interseccionalidad, que disminuya la brecha de desigualdad por condición de género y contra la violencia política hacia las mujeres.

Algunas de las acciones complementarias que se han llevado a cabo por parte de las colectivas y organizaciones feministas se encuentran consolidadas por la autogestión, más allá de los posicionamientos políticos, las convocatorias a marchas y plantones. El movimiento feminista en Costa Rica se ha articulado con la finalidad de crear espacios de reflexión y formación feminista, peñas culturales y capacitación continua a mujeres. Tal es el caso de la colectiva Aborto Legal Costa Rica (ALCR), quienes han liderado e impulsado dichos espacios en conjunto a organizaciones como ACCEDER, Nosotras Women Connecting, el Movimiento Estudiantil Universitario, el Frente Feminista del Frente Amplio, entre otras.

Los feminismos en Costa Rica han demostrado que la movilización social es parte del ejercicio de los derechos humanos, es una respuesta inmediata a la falta de acción estatal para la atención de la desigualdad y exclusión social en la región. A pesar de no tener al momento una respuesta positiva y conciliadora por parte del Poder Ejecutivo, los movimientos sociales continúan en resistencia.

Daniela Martínez-Rodríguez.

Es politóloga, Agente de Cambio (FES) 2022 y activista a favor de los derechos humanos en la región centroamericana. Además, es investigadora en política social, desigualdad social y estructural en Centroamérica.