Ana María Ardila Castro

Las universidades públicas en Colombia fueron uno de los tantos escenarios donde se experimentaron los efectos de la guerra durante el conflicto armado interno. Desde 1929, cuando fue asesinado Gonzalo Bravo, considerado el primer mártir del movimiento estudiantil, se han acumulado vulneraciones a los derechos humanos que van desde torturas y persecuciones hasta masacres, desapariciones y sicariato, tal como lo expone el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Comprender por qué el Estado se ensañó contra estas instituciones requiere análisis complejos. Para tener una idea breve se pueden destacar cinco aspectos: 1) acceso a la educación superior por parte de grupos subalternizados; 2) formación de pensamiento crítico; 3) influencia de la izquierda, especialmente desde la década de los sesenta del siglo pasado; 4) privatización sostenida y creciente de la educación superior pública; y 5) rol del movimiento estudiantil en las pugnas sociales, políticas y económicas del país.

Como nación, Colombia se basó en ideas coloniales que privilegiaban el clasismo, el racismo y el machismo, teniendo la lógica del enemigo interno como un pilar fundamental. Dicha lógica se interiorizó aún más desde finales de los años setenta con el Estatuto de Seguridad que buscó el borramiento de la alteridad, es decir, de cualquier atisbo de oposición. Por supuesto, las comunidades universitarias públicas han encarnado una amenaza contra las estructuras nacionales. El movimiento estudiantil, por ejemplo, no solo ha defendido sus derechos, sino que ha apoyado las causas de otros sectores sociales, posicionándose como un actor protagónico en las movilizaciones. Esto, evidentemente, también los ha convertido en blanco de violencias estatales por medio de las fuerzas policiales y paramilitares.

Ante este panorama, como reacción a la represión, desde la década del cincuenta se registraron pedreas contra de la policía —una forma de protesta donde los estudiantes arrojaban piedras a los agentes como rechazo a la brutalidad ejercida. Luego, a partir de los ochenta, se empezaron a consolidar grupos clandestinos que, desde el anonimato, han llevado a cabo acciones directas violentas llamadas tropeles. En ellos, les integrantes de los grupos lanzan artefactos explosivos artesanales y piedras en contra de las fuerzas policiales, representadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) —ahora llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Esta Unidad fue creada en 1999, fundada en la misma lógica del enemigo interno y de la contrainsurgencia que tomó mayor peso desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática.

Los grupos clandestinos pueden considerarse flancos violentos del movimiento estudiantil, aunque también han desarrollado estrategias noviolentas desde siempre. En este sentido, los tropeles resultan contraproducentes ya que su visibilidad ha sido aprovechada por los medios de comunicación tradicionales para crear una narrativa contra el estudiantado: un grupo homogéneo de terroristas, vándalos y delincuentes. De esa manera se legitimó toda forma de violencia contra estos grupos y anuló el resto de acciones que desarrollaban tanto al interior como afuera de las instituciones universitarias públicas.

Si bien no se puede afirmar que les estudiantes actúan desde la disciplina noviolenta, analizar la situación del movimiento estudiantil desde la noviolencia permite identificar las estrategias implementadas, reconocer sus potencialidades y resultados en momentos coyunturales y evidenciar cómo la noviolencia podría fortalecer al movimiento. Es decir, leído desde la propuesta de Alberto Melucci, se puede observar este proceso estudiantil como una red de movimiento, la cual facilita la diferenciación entre los actores/nodos violentos y noviolentos, destacando la multiplicidad y la complejidad de este entramado.

En este texto se tomará el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), universidad pública de la ciudad de Bogotá que se desarrolló en una crisis permanente desde su creación en 1950, y que durante los últimos meses —específicamente desde inicios del 2022— se ha movilizado y ha puesto en práctica estrategias noviolentas, incluso desde los grupos clandestinos que, cabe anotar, no se limitan a la acción directa violenta y van más allá del tropel.

A continuación, se exponen algunos de los acontecimientos que motivaron las acciones. Por un lado, al retornar a la presencialidad luego de emergencia sanitaria por el COVID19, la infraestructura se encontró en muy mal estado, como si no se le hubiera hecho ningún tipo de mantenimiento durante estos años. También la reforma universitaria, en pugna desde hace más de una década, no mostraba muchos avances. Aunado a esto, la crisis presupuestal impedía que prácticas y salidas de campo se desarrollaran adecuadamente en varias carreras, los pagos a docentes de hora cátedra estuvieron retrasados durante meses y se pretendía cerrar algunos proyectos curriculares sin previa socialización y acuerdo con la comunidad.

Ante esto, el estudiantado se organizó y manifestó sus exigencias de múltiples maneras, especialmente en la Facultad de Ciencias y Educación (FCE). Uno de los medios más usuales fue —y ha sido desde hace años— el grafiti, al que se incorporaron otros formatos y técnicas gráficas para denunciar la corrupción de la institución y hacer visibles sus inconformidades con las dinámicas experimentadas en la universidad. En respuesta, la decanatura de esta sede censuró los mensajes cubriéndolos con pintura gris, a lo que les estudiantes respondieron con más pintas, expresando «Sigan tapando, seguiremos rayando». A estas expresiones se sumaron mítines, marchas, tomas pacíficas y culturales, procesos asamblearios y espacios de diálogo para discutir acerca de lo que estaba sucediendo. Además, en noviembre de 2022, en la entrada de la FCE se intervino el espacio de manera creativa, dificultando el paso por las escaleras con una red hecha con telas que incluía cuestionamientos sobre el manejo presupuestal, la calidad educativa y las garantías para el desarrollo óptimo de la vida universitaria.

Como medida de presión hubo tropeles en la FCE, en la Facultad de Medio Ambiente y en la Aduanilla de Paiba, actual sede administrativa de la universidad. Precisamente, en toda esta coyuntura que se ha mantenido durante los últimos meses, el Frente Estudiantil Clandestino (F.E.C.) ha ganado visibilidad dentro de la comunidad y no únicamente por sus confrontaciones con el ESMAD —ya que son uno de los grupos clandestinos que ejecutan estas acciones directas violentas—, también por su liderazgo y participación en otros espacios estudiantiles, haciendo efectiva una de sus arengas: «Con capucha o sin capucha, estudiantes a la lucha». Así han creado y difundido fanzines, han hecho canelazos, por redes sociales han motivado la participación estudiantil en las actividades, muestran un gran interés por la politización de les jóvenes, han pintado murales, incluso han concientizado acerca del uso responsable de la capucha. Con lo anterior, reducir la acción clandestina exclusivamente a la acción violenta, al menos en este caso particular, resulta inviable cuando son notorias las estrategias noviolentas que este grupo utiliza.

Algunos de los resultados de todas estas estrategias han sido la paulatina solución a la situación de les docentes de hora cátedra, la reparación de los daños infraestructurales que se presentan en varias sedes de la universidad, la continuación de las carreras que estaban al borde del cierre, y progresos en solicitudes estudiantiles como la doble titulación y el programa de retorno para personas que habían perdido su calidad de estudiantes. No obstante, el distanciamiento persiste entre la administración y el estudiantado, puesto que las reformas estructurales no se han llevado a cabo y no hay condiciones para una participación amplia y efectiva. Por otro lado, violencias como la estigmatización persisten y se promueven desde el interior, con señalamientos del mismo rector hacia miembros de la comunidad estudiantil y son reforzadas continuamente por los medios tradicionales.

A partir de lo presentado se puede concluir que: a) las estrategias noviolentas aplicadas en la UDFJC, especialmente por el estudiantado, fueron efectivas para que la administración atendiera sus solicitudes y se iniciaran cambios que se están exigiendo desde hace décadas; b) la violencia se constituye como una característica del ejercicio político en Colombia por la forma en la que se han establecido las relaciones de poder históricamente, prevaleciendo el aniquilamiento y la desaparición física o simbólica del otro —la tarea es superarla y desaprender lenguajes de confrontación violentos que se han incluido en los repertorios de acción; y, c) la noviolencia no se ha incorporado de manera consciente en la acción del movimiento estudiantil, aunque cuenta con características de resistencia civil.

De este modo, la socialización, comprensión y aplicación de la noviolencia puede ser útil en la búsqueda de repertorios de acción diferentes que aporten en la construcción de cultura de paz dentro de las universidades públicas. Sin embargo, es necesario que la defensa de la educación pública sea un compromiso compartido por todes les integrantes de las comunidades universitarias y por la ciudadanía en general, lo que supone resignificar la concepción de lo público y vincular a más personas al movimiento universitario. Sumado a esto, la democracia interna debe fortalecerse. Las administraciones universitarias, si realmente desean un campus en paz, deben brindar garantías de participación que superen las lógicas degradantes y violentas que se han impuesto sistemáticamente. Finalmente, aunque la disciplina noviolenta aún no se lleve a cabo, reconocer las estrategias noviolentas permite desligar al estudiantado de las representaciones mediáticas que sesgan su acción e invisibilizan sus luchas y compromisos con la transformación social.

Texto publicado el 12 de julio del 2023 con el apoyo de FES.

Ana María Ardila Castro

Licenciada en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y estudiante de la Maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia.