Elthon Rivera Cruz

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”, dijo José Saramago, el aclamado escritor y Premio Nobel de Literatura. Recordar el pasado es esencial para comprender el presente y construir un futuro justo. Sin embargo, los intentos de ciertos actores por crear un «alzhéimer social», respecto a eventos históricos significativos, contradicen esa idea y refuerzan la peligrosa noción de que «la historia la escriben los vencedores». Esta visión es problemática porque perpetúa una versión sesgada y manipulada de la realidad, donde solo se reconocen las narrativas de aquellos que triunfaron, ignorando así las voces y experiencias de los otros actores y que con fines históricos se deben preservar.

Los sistemas autoritarios son expertos en manipular la memoria colectiva para ocultar eventos que los desfavorecen. Deslegitiman las acciones noviolentas de sus opositores y tergiversan fechas recordadas y sentidas con mucho dolor por la población. Un claro ejemplo es el gobierno de Nicaragua, que ha intentado borrar de la memoria los conflictos en los que ha ejercido una represión brutal, especialmente, desde la crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018 y que, en 2024, sigue activa.

En abril de 2018, la población, de manera autoconvocada, se levantó contra el gobierno, y en pocos días pusieron al régimen autoritario de Daniel Ortega en una situación crítica. Sin embargo, la autocracia liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional respondió con una violencia extrema. Desde entonces, para la oposición, abril se convirtió en un símbolo de resistencia contra la dictadura, mientras que el gobierno lo resignificó como una defensa a la democracia frente a los desestabilizadores “golpistas”. El argumento oficialista agrega, además, que la represión fue necesaria para mantener el orden y la paz.

Este contraste en narrativas muestra cómo se puede manipular la memoria histórica, reforzando una versión de los hechos que legitima la violencia estatal y desvirtúa las demandas de justicia y democracia de la población. Los regímenes causantes de estas atrocidades pretenden escribir la historia a su favor. Para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la responsabilidad por las acciones represivas cometidas no les favorece, por lo tanto, atacan la memoria de todo un pueblo al intentar borrar de la historia los más de 350 asesinados, cientos de heridos y miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Recientemente, la Asamblea Legislativa, controlada por el sandinismo, aprobó la Ley que declara abril, mes de la paz. En su comunicado, destacaron que “la lucha por la paz, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense”. Este acto gobiernista tiene como propósito ocultar la brutal represión y llegó cuando, en este 2024, la población nicaragüense se preparaba para conmemorar las fechas del 18 y 19 de abril.

Esta decisión del gobierno orteguista contrasta claramente con las acciones violentas que llevaron a cabo, reconocidas y condenadas por la comunidad internacional. Un ejemplo es la «Operación Limpieza«, realizada en los meses siguientes, en la cual las fuerzas armadas desmantelaron todas las barricadas que simbolizaban la resistencia civil en varias ciudades del país. Otro operativo, denominado «Vamos con Todo«, permitió a las fuerzas regulares y paramilitares usar todos los recursos disponibles, incluidas armas letales, para reprimir cualquier manifestación opositora al régimen sandinista.

Por otro lado, el gobierno ha intentado manipular otras fechas significativas, como el 13 de julio, reconocido por la oposición como el Día de la Resistencia Estudiantil, aunque no de manera oficial. Esta fecha ha sido transformada por el régimen en el «Día de la Dignidad y la Alegría Universitaria» para encubrir la brutal represión contra estudiantes que protestaban pacíficamente en 2018. En la declaración oficial, el régimen, a través de sus aliados en las universidades, afirmó que «la comunidad universitaria conmemora la recuperación de las instalaciones del Recinto Universitario Rubén Darío, que habían sido secuestradas, saqueadas y destruidas por grupos delincuenciales durante el intento de golpe de Estado en 2018».

Esta versión manipulada utiliza palabras como “alegría” para distorsionar el significado de una fecha que en realidad es un recuerdo doloroso de los ataques contra estudiantes que habían tomado el Recinto Universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua como señal de resistencia. Estos ataques dejaron como doloroso resultado el asesinato de dos jóvenes. Al mismo tiempo, el régimen proyecta a los jóvenes manifestantes como «grupos delincuenciales», tergiversando así la memoria histórica de los hechos.

No solo se celebra un «Mes de la Paz», sino que también se ha propuesto una «Universidad de la Paz» en el barrio indígena de Monimbó, epicentro de una de las operaciones de limpieza mencionadas. Este proyecto es otro intento de ocultar la violencia estatal, disfrazándola como una iniciativa pacífica. A juzgar por la dinámica de la dictadura, es evidente una tendencia a seguir manipulando fechas, hechos y la memoria nacional para hacerlos coincidir con sus intereses.

Las acciones noviolentas para preservar esta memoria son vitales, como las Campañas de concientización, educación, documentación legal y la construcción de memoria histórica. La resistencia civil no solo abarca cientos de acciones conocidas, como marchas, huelgas y boicots, sino que también constituye una herramienta valiosa para reconocer, documentar, denunciar y contrarrestar las acciones violentas y los intentos de deslegitimar y ocultar las luchas cívicas.

En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil y políticas que actúan en favor de Nicaragua han logrado promover iniciativas desde el exilio. Por ejemplo, en 2024, la alcaldesa de Miami-Dade, Estados Unidos, declaró el 18 de abril como el Día de la Libertad Nicaragüense, un triunfo simbólico gracias a la incidencia de actores sociales exiliados. Asimismo, la Asociación Madres de Abril ha desarrollado el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, disponible en formato digital y con exposiciones internacionales. Activistas y periodistas, como Oscar Navarrete con su libro «Mi nombre es Abril«, también contribuyen a mantener viva la memoria histórica de la lucha ciudadana. Estas acciones y esfuerzos colectivos son esenciales para preservar la verdad y asegurar que las futuras generaciones comprendan la importancia de la resistencia pacífica y la justicia social.

Retomando las palabras de José Saramago, no debemos permitir el olvido, ya que fortalece a los regímenes violentos y oculta la verdad, pilar fundamental para la justicia transicional y restaurativa. Las luchas sociales fortalecidas desde la acción noviolenta deben procurar siempre el rescate imparcial de la memoria.

Elthon Rivera Cruz

Activista por los derechos humanos, la libertad académica, la acción noviolenta y construcción de paz. Presidente y fundador de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen).