Catálogo de acceso
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Desde su nivel de competencia, los GAD provinciales requieren de políticas, programas y acciones que den respuesta a esa compleja problemática, y apoyen y fomenten actividades que fortalezcan la soberanía alimentaria. Acciones como el fomento y fortalecimiento de la agroecología, impulsar sistemas de producción diversificados, que revaloricen la biodiversidad e incorporen los saberes ancestrales.

La Sociedad y el Estado son entidades distintas y complementarias que forman parte de un todo: el Estado Nacional. Uno no puede existir sin el otro. Sus permanentes cambios mantienen al país en constante movimiento. A pesar de que el Estado es la representación de la Sociedad y se organiza para satisfacer sus necesidades, ambos conviven en permanente tensión. El Estado es más rígido, puesto que tiene estructuras que son más difíciles de cambiar, mientras que la Sociedad es más dinámica, está en permanente transformación. Cuando el Estado no responde a tiempo a las demandas de la Sociedad, se tensiona esa relación, llegando a casos en donde incluso se producen rupturas sociales e institucionales.

La seguridad alimentaria, política pública estratégica del Estado ecuatoriano, ha entrado en una especie de limbo toda vez que los Gobiernos Regionales, aprobados por la Constitución de 2008, quedaron postergados en su conformación. Si bien el Gobierno nacional tiene competencias precisas respecto de la seguridad alimentaria, no es menos cierto que esas competencias están repartidas entre varias Secretarías de Estado y que la instancia articuladora en el territorio de esas intervenciones y las suyas propias, debería ser el Gobierno Regional.

En Ecuador lo rural es fundamentalmente agrario. Si se revisan algunos indicadores se encuentra que Ecuador registra una superficie agrícola de más de 7,5 millones de hectáreas, que representan un 26,9% del espacio nacional, lo que hace de la agricultura un rasgo fundamental del paisaje ecuatoriano. El número de Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) rodea los 840 0002.

Tradicionalmente se ha considerado a América Latina como una región que tiene la capacidad de producir los alimentos que consume. Ventajosamente, esta ha sido una condición que ha perdurado, con excepción de momentos críticos y puntuales derivados principalmente de fenómenos naturales como sequías e inundaciones, terremotos o graves crisis políticas. El Ecuador es parte de esta realidad, un país que tiene la capacidad natural de producir alimentos para satisfacer las demandas internas en alrededor del 97% y, como muchos de nuestros países hermanos, tiene la capacidad de exportar productos agropecuarios que históricamente caracterizaron a nuestras economías primarias antes y durante nuestro periodo petrolero, representando actualmente cerca del 40% de las divisas que ingresan al país.

La alimentación es la condición básica sobre la que se debe asentar cualquier modelo de desarrollo. Asegurar el abastecimiento alimenticio debe ser una de las prioridades en materia de políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno. A escala global, la preocupación por la seguridad alimentaria se relaciona generalmente a la disponibilidad futura de alimentos, tomando en cuenta las previsiones de crecimiento demográfico y la degradación de los recursos naturales (Godfray et al., 2010). En esta línea de discurso, al proyectar el problema al futuro, generalmente se olvida que en el mundo todavía hay más de 800 millones de personas en estado de desnutrición (FAOSTAT, 2015).

Las intervenciones impulsadas por el Estado ecuatoriano durante las últimas cinco décadas, que podrían agruparse bajo el paraguas genérico del desarrollo rural, han estado sobre determinadas por los enfoques macroeconómicos y políticos aplicados por los gobiernos de turno; por una recurrente inestabilidad política experimentada en el país y por la escasez de recursos invertidos en el sector rural, en general.

El incremento de la población nacional y mundial es un desafío para las naciones, debido a que tienen que producir para satisfacer las necesidades de alimentos de sus habitantes. En el año 2008, el Ecuador planteó un modelo de desarrollo endógeno, amparado en una nueva constitución que declara al derecho a la alimentación como un deber del Estado (artículo 3) y que estipula como un objetivo estratégico a la soberanía alimentaria (artículo 281), donde garantiza a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de los alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente, cuya visión hace referencia al derecho que tienen los seres humanos de alimentarse y a la forma cómo ejercen esa facultad.

Al suponer la necesidad de una construcción colectiva, implicamos que lo que tenemos como construcción conceptual y material no es de nuestra entera satisfacción o no está acorde a las nuevas condiciones del país. Eso pasa con la ruralidad. Para nosotros es necesario definir las nuevas condiciones de esa ruralidad y esta exposición intentará aportar elementos para el debate que está en proceso.